El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado de manera firme la sentencia que daba la razón al Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al concluir que el gobierno municipal, encabezado por Carolina Darias (PSOE, Podemos y NC), vulneró su derecho fundamental de participación política al impedir el debate en un Pleno extraordinario solicitado para abordar el caso Valka.
La sentencia, declarada firme mediante decreto de fecha 18 de noviembre de 2025, obliga al Ayuntamiento a incluir los nueve puntos previamente vetados y a celebrar un Pleno extraordinario con ese orden del día específico. El TSJC desestima así el recurso de apelación del Ayuntamiento y confirma la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4, de febrero de 2025, imponiendo además las costas al Consistorio.
Conflicto
Jimena Delgado, portavoz del PP en el Ayuntamiento, ha criticado que la alcaldesa Carolina Darias “vulnerara los derechos fundamentales del principal grupo de la oposición, impidiendo el debate político y el control democrático que corresponden al Pleno municipal, pese a sus declaraciones públicas sobre la defensa de la democracia".
La sentencia llega en un contexto marcado por la dimisión de la que fuera cuarta teniente de alcaldesa, Inmaculada Medina, imputada en el caso Valka por presuntos delitos de "malversación agravada, falsedad documental, prevaricación administrativa y fraude en contratos de agua y riego en Parques y Jardines", recuerdan desde el partido.
Fiscalizar
Delgado ha afirmado que la resolución del TSJC “es cristalina” y subraya que corresponde al Pleno fiscalizar a la Alcaldía y a la Junta de Gobierno, y que impedir ese debate “vacía de contenido sus funciones y lesiona el derecho fundamental de los concejales a participar en los asuntos municipales”.
La portavoz popular considera que la firmeza de la sentencia tiene una “enorme carga política”, ya que durante meses el PSOE y sus socios "se negaron a debatir" sobre el caso Valka. Según Delgado, la sentencia obliga a Carolina Darias “a hacer, por la vía de los tribunales, aquello que se negó a permitir por la vía democrática”, asegurando que se rompe así “el muro de opacidad que el gobierno de Darias ha intentado levantar alrededor del caso”.
Tribunales
Pero el PP insiste en que en el presente mandato ha tenido que acudir en varias ocasiones a los tribunales para "defender sus derechos ante decisiones del gobierno municipal, obteniendo siempre resoluciones favorables", lo que, según el partido, evidencia un “preocupante patrón de conducta del ejecutivo local consistente en limitar los derechos de la oposición y dificultar el control democrático".