Una pelea protagonizada por varios grupos de menores, durante el fin de semana del puente de agosto, desembocó en la gran redada que desarrolló la Policía Nacional la madrugada del pasado domingo en varias discotecas del centro comercial Plaza de Playa del Inglés. En el operativo, 27 menores fueron localizados encerrados en un almacén de una de las discotecas ubicadas en la zona —el New One— mientras que otro medio centenar de adolescentes —todos por debajo de los 18 años— fueron identificados entre el mismo local y El Caserío.
Las primeras actuaciones se activaron tras el altercado en las galerías del CC Plaza, que tuvo lugar la noche del 16 de agosto, con refuerzo de patrullas y controles en el eje de ocio de Playa del Inglés. El dispositivo se cerró la madrugada del pasado domingo con inspecciones simultáneas y verificación de documentación en accesos y zonas interiores.
Denuncia
Según fuentes consultadas, el hallazgo de 27 menores en un almacén de New One y de medio centenar adicional entre New One y El Caserío ha puesto bajo lupa los controles de acceso, la verificación de edad y los protocolos internos de seguridad. La investigación dirime ahora quién permitió las entradas, cómo se gestionó la permanencia de los adolescentes en dependencias no habilitadas y qué medidas preventivas estaban en vigor esa noche.
A este escenario se suma una denuncia presentada en junio por un empresario por presuntas irregularidades en El Caserío. Esa vía administrativa ha derivado en inspecciones, aunque el propio denunciante ya ha advertido —en declaraciones a este periódico— que un oficial de la Policía Local protege a varios empresarios de la zona.
Más medios
Comerciantes y trabajadores del entorno reclaman más personal en puerta, lectores de documentos con comprobación de edad, rondas de seguridad privada en pasillos comunes y coordinación ágil con la Policía Nacional ante concentraciones juveniles susceptibles de derivar en incidentes. Los operadores valoran implantar registros trazables de entradas y salidas, circuito cerrado de televisión con custodia de imágenes y formación específica del personal para detección y derivación de menores.
En el plano sancionador, del resultado de las diligencias podrían emanar multas, cierres temporales y la exigencia de planes de cumplimiento con obligaciones de aforo, seguridad y verificación documental. La prioridad declarada es la protección de menores y la prevención de nuevos episodios en una zona de alta afluencia turística.