La Plataforma Derecho al Techo ha emitido un comunicado para manifestar públicamente su denuncia sobre la situación que atraviesan los usuarios del Centro Residencial La Dehesa, en La Palma. Según el colectivo, las personas mayores residentes están siendo víctimas de una actuación que califican de "injusta" y "lesiva" por parte del Cabildo Insular de La Palma, en el contexto de una reforma de las instalaciones.

La organización sostiene que, bajo el pretexto de una reforma valorada en seis millones de euros y financiada con fondos europeos Next Generation, la institución insular ha impuesto el desalojo forzoso de los residentes de sus habitaciones. La plataforma asegura que este proceso se está llevando a cabo sin la información suficiente, sin la participación de los afectados y sin garantizar alternativas habitacionales dignas, lo que considerán una vulneración de la legislación de servicios sociales y del derecho a la intimidad.

Dudas sobre la ruina

Uno de los puntos más críticos señalados por Derecho al Techo es la justificación técnica de la medida. La plataforma denuncia que se ha invocado una supuesta declaración de ruina de las plantas segunda y tercera del centro sin que esta circunstancia haya sido acreditada de forma "clara y transparente" ante las personas residentes.

Además, el colectivo afirma que se han producido presiones y amenazas, incluida la alusión a una posible intervención policial, para forzar los traslados. Según sus datos, ya se ha movilizado a 17 personas mayores a habitaciones compartidas que presentan peores condiciones que las anteriores, obligando a los usuarios a desprenderse de parte de sus pertenencias. Actualmente, tres residentes de unos 80 años mantienen su negativa a abandonar sus estancias ante la previsión de ser reubicados en instalaciones con habitaciones para cinco personas y baños comunes.

Gestión de los recursos

Desde la plataforma señalan que esta situación no se justifica por la necesidad de crear nuevas plazas. Argumentan que en La Palma existen decenas de plazas vacantes, con tasas de ocupación inferiores al 60%. Asimismo, recuerdan la existencia de un Centro de Alzheimer terminado y equipado desde hace cuatro años que permanece cerrado.

Para Derecho al Techo, el escenario actual evidencia una "incapacidad manifiesta de gestión" por parte de la administración insular, más que una falta real de infraestructuras. El colectivo exige la paralización inmediata de los desalojos, transparencia sobre el estado técnico del edificio y que cualquier realojo garantice, como mínimo, las mismas condiciones de las que ya disfrutaban los residentes.

Derechos de los mayores

El comunicado concluye recordando que ningún fondo europeo ni plan administrativo puede situarse por encima de los derechos humanos. La plataforma insiste en que la obligación del Cabildo es asegurar el bienestar de los usuarios y advierte que las actuaciones actuales constituyen un "maltrato institucional".