La difusión de datos médicos protegidos puede tener consecuencias penales cuando se realiza sin autorización. Es la situación que podría afrontar un empresario de El Hierro después de que el Juzgado de Valverde haya concluido la instrucción de una causa en la que aprecia indicios de un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la consejera de Turismo del Cabildo herreño, María del Mar Suárez Armas.
El titular de la Plaza Uno del Tribunal de Instancia de Valverde, Antonio Mazuecos, ha dictado un auto en el que considera que existen "sólidos indicios de criminalidad" y acuerda transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado, un paso previo a la posible apertura de juicio oral.
El origen del caso
Según recoge la resolución judicial, la consejera había aportado un informe médico en un procedimiento judicial anterior vinculado a una solicitud de conciliación por presuntas injurias y calumnias.
De acuerdo con el auto, el empresario investigado recibió copia de esa documentación en el marco de dicho procedimiento y posteriormente la incorporó a una solicitud presentada ante el Cabildo de El Hierro en la que reclamaba la dimisión de la responsable insular de Turismo.
El juzgado sostiene de forma indiciaria que el investigado utilizó una documentación que debía destinarse exclusivamente a la defensa de sus intereses en aquel procedimiento judicial y que, al presentarla ante la administración insular, dejó expuestos datos relativos a las patologías y tratamientos médicos de la denunciante.
Acceso de empleados públicos
La resolución judicial señala que esta actuación habría provocado un "enorme perjuicio personal y laboral" a la consejera, al tratarse de información médica que no era conocida en su entorno profesional.
Durante la investigación, varios testigos confirmaron que el informe médico quedó incorporado a un expediente administrativo del Cabildo, circunstancia que permitió que distintos empleados públicos pudieran acceder a su contenido.
El juez estima que entre nueve y quince personas tuvieron acceso potencial a la documentación sanitaria, y destaca que varias de ellas desconocían previamente las patologías reflejadas en el informe.
Rastreo tecnológico
La instrucción también incluyó diligencias tecnológicas para determinar el origen del registro electrónico mediante el que se remitió la documentación.
Según el auto, la solicitud fue presentada desde una dirección IP vinculada al investigado, un elemento que, a juicio del magistrado, refuerza su relación directa con la remisión del informe médico.
Asimismo, la resolución sostiene provisionalmente que el empresario tuvo acceso a datos especialmente sensibles sobre el estado de salud de la perjudicada y que los comunicó o difundió a terceros sin autorización, permitiendo que diversas personas accedieran a información perteneciente a su esfera más íntima.
Posible delito de revelación de secretos
A la vista de las diligencias practicadas, el juzgado considera que existen indicios racionales para continuar la tramitación de la causa por un presunto delito de revelación de secretos contemplado en el artículo 197, apartados 2, 3 y 5, del Código Penal.
Ahora será el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas quienes deberán solicitar la apertura de juicio oral, el archivo del procedimiento o, de manera excepcional, la práctica de nuevas diligencias complementarias.
La resolución judicial no es firme y puede ser recurrida mediante recurso de reforma ante el propio juzgado.