El municipio de La Frontera aprobó el pasado 25 de septiembre, de la Ordenanza Reguladora de la Convivencia Ciudadana, impulsada por el grupo de Gobierno (AHI). Hosteleros, comerciantes y partidos de la oposición denuncian que el texto se aprobó sin consenso con los sectores afectados y que su aplicación puede tener un impacto negativo sobre la actividad económica y las libertades ciudadanas.
Por ello, los hosteleros y comerciantes han convocado para el miércoles día 8 de octubre un cierre general de establecimientos en señal de protesta. Aseguran que la norma “atenta contra el desarrollo de las actividades socioeconómicas en el municipio” y exigen su "suspensión inmediata", además de la apertura de una mesa de diálogo participativo en la que intervengan representantes del Ayuntamiento, del sector comercial y de la ciudadanía. También han iniciado una campaña de recogida de firmas para solicitar formalmente la paralización de la ordenanza.
Por su parte, la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de El Hierro (Apyme El Hierro) ha pedido al Ayuntamiento de La Frontera la suspensión inmediata de la ordenanza.
AH y PSOE
Asamblea Herreña se ha sumado a las críticas y ha pedido la retirada inmediata del texto, al considerar que “asfixia la actividad económica” y “multiplica las sanciones desproporcionadas” que ponen en riesgo el empleo local. En un comunicado, la agrupación califica la ordenanza de “marco punitivo” que “convierte el espacio público en un terreno de prohibiciones”, con restricciones a la cartelería, los expositores o la publicidad comercial, lo que —según sostienen— reduce la visibilidad de los negocios y frena su competitividad.
Desde el partido insisten en que el régimen de multas y decomisos “castiga especialmente al pequeño negocio y al trabajador autónomo” y reclaman un procedimiento sancionador “garantista”, basado en la corrección más que en el castigo. Piden además una normativa equilibrada que permita compatibilizar la convivencia con la dinamización económica y cultural.
El Grupo Municipal Socialista también votó en contra de la ordenanza, al considerar que “limita en exceso la vida cotidiana de los vecinos” y “prioriza el castigo frente a la educación y la prevención”. Los socialistas denuncian que el texto prohíbe prácticas comunes como regar plantas en los balcones, tender ropa o jugar con una pelota en la calle, lo que convierte la norma “en un instrumento de control social más que en una herramienta de convivencia”.
La ordenanza
Según el Consistorio, las medidas "priorizan la seguridad, la salubridad y el descanso vecinal" y están "destinadas a fomentar el respeto y el civismo, prohibiendo expresamente las conductas discriminatorias, ofensivas o violentas, con especial atención a la protección de los colectivos más vulnerables". El texto establece limitaciones "en el uso del espacio público y del entorno urbano, impidiendo acciones que lo ensucien, deterioren o desmerezcan, como pintadas, grafitis o colocación indebida de cartelería y publicidad".
También, entre otras medidas, se regulan las actividades relacionadas con el uso de bicicletas, patines, monopatines y vehículos de movilidad personal, "estableciendo criterios claros para su circulación y estacionamiento, así como requisitos de edad y seguridad como el uso obligatorio del casco".