El conflicto por conocer quiénes recibieron las ayudas públicas destinadas a la reconstrucción de La Palma tras la erupción del Tajogaite llegará finalmente a los tribunales en abril de 2027, en pleno periodo preelectoral de las próximas elecciones autonómicas.
La fecha no ha pasado inadvertida para la Comisionada de Transparencia de Canarias, Noelia García Leal, que ha reconocido este martes que preferiría que el procedimiento judicial no coincidiera con un momento de especial sensibilidad política.
“Es una fecha que no me gusta mucho porque es justo en un periodo preelectoral”, ha admitido García Leal, que ha reivindicado que el organismo que dirige procura mantenerse alejado de cualquier controversia partidista.
Pese a ello, ha subrayado que será “absolutamente respetuoso” con el calendario fijado por el juzgado.
El origen del conflicto
El procedimiento judicial deberá resolver una cuestión que enfrenta desde hace meses al Comisionado de Transparencia y al Gobierno de Canarias: hasta dónde debe llegar el acceso ciudadano a la información sobre las ayudas concedidas después de la erupción volcánica de 2021.
La posición del Comisionado es clara. García Leal defiende que la ciudadanía debe poder conocer cómo se emplean los recursos públicos y considera que las ayudas destinadas a los afectados por el volcán no deben quedar al margen de ese principio.
“El Comisionado de Transparencia siempre ha sido proclive a toda la información”, ha señalado.
El Gobierno de Canarias sostiene, sin embargo, una interpretación diferente y plantea que la publicación de determinados datos puede afectar a la privacidad de los beneficiarios. El Ejecutivo se apoya además en la legislación específica aprobada para responder a las consecuencias de la erupción.
La discrepancia ha terminado así en la vía contencioso-administrativa.
Resoluciones obligatorias
García Leal ha aprovechado su comparecencia para reivindicar también la independencia del Comisionado de Transparencia, un órgano dependiente del Parlamento de Canarias pero que desarrolla sus funciones con autonomía.
La comisionada ha recordado que las resoluciones dictadas por este organismo son de obligado cumplimiento.
Por tanto, ha explicado, las administraciones tienen dos posibilidades: cumplirlas o recurrirlas ante los tribunales si discrepan de su contenido.
Eso es precisamente lo que ha ocurrido en el caso de las ayudas de La Palma.
Abril de 2027
La vista queda ahora fijada para abril de 2027, cuando Canarias estará ya inmersa en el periodo previo a las siguientes elecciones autonómicas.
La proximidad de ambas fechas añade inevitablemente un componente político a un procedimiento que afecta a una de las cuestiones más sensibles derivadas de la reconstrucción de La Palma: la gestión y distribución del dinero público destinado a quienes perdieron viviendas, propiedades o medios de vida por la erupción.
García Leal ha insistido, no obstante, en que el organismo que dirige pretende mantenerse al margen de cualquier lectura electoral.
Una vez agotado el debate administrativo, ha señalado, corresponde ahora a los tribunales determinar si debe hacerse pública la información reclamada.
“Ahora solo queda esperar a la celebración del juicio y que los tribunales decidan”, ha resumido.
Para la responsable de Transparencia, que una discrepancia entre instituciones termine resolviéndose ante la Justicia constituye además una muestra de la “salud de las instituciones canarias”.
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