El alcalde de Arrecife (Lanzarote), Yonathan de León (PP), ha sido citado a declarar como testigo el próximo 9 de junio en el marco de una investigación judicial relacionada con la anulación irregular de multas de tráfico en el ayuntamiento, según ha informado este martes en un comunicado.
La causa está siendo instruida por la plaza número 3 de la sección de instrucción del Tribunal de instancia de Arrecife (antiguo Juzgado de Instrucción 3), tras una querella de la Fiscalía por la cancelación de sanciones sin el correspondiente procedimiento administrativo.
Origen de la investigación
Las posibles irregularidades fueron detectadas inicialmente por la Policía Local, que alertó a los responsables municipales de la existencia de expedientes sancionadores anulados o cancelados sin tramitación formal.
A raíz de estos hechos, el alcalde ordenó el 18 de octubre la apertura de una investigación interna y reservada, que dio lugar a una auditoría y a varios informes remitidos posteriormente al Ministerio Público.
Auditoría y medidas cautelares
De León también impulsó la adopción de medidas cautelares para limitar la capacidad de anulación de multas en el sistema informático, restringiéndola únicamente a usuarios autorizados por Alcaldía, sin interferir en la tramitación ordinaria de expedientes.
La auditoría realizada reveló la existencia de numerosas anulaciones de sanciones registradas en el sistema, identificando además a los usuarios que habrían ejecutado dichas acciones.
Querella y alcance del caso
La Fiscalía ha presentado una querella contra siete trabajadores municipales y ha solicitado diversas diligencias, entre ellas la declaración de los investigados, del propio alcalde como testigo, de los funcionarios que elaboraron los informes y de los responsables de la auditoría del sistema.
Según los informes municipales, existen 2.279 multas anuladas sin expediente formal ni resolución dictada por órgano competente, lo que podría implicar actuaciones irregulares atribuidas a los empleados investigados.
Falta de soporte documental
En numerosos casos, no consta documentación que justifique la anulación de las sanciones, pese a que la normativa exige un procedimiento administrativo con resolución expresa de la Alcaldía.
Asimismo, la Fiscalía señala que en algunos expedientes se utilizó la expresión “por orden directa del alcalde” para justificar la cancelación, motivo por el que se ha citado a De León para esclarecer este extremo.
El alcalde ha asegurado que continuará colaborando con la Justicia para aclarar los hechos y ha reiterado el alcance de la investigación interna impulsada desde el Ayuntamiento y la Concejalía de Policía Local, de la que es responsable.