Coalición Canaria (CC) de Lanzarote celebra que la justicia haya desestimado íntegramente la demanda presentada por el tránsfuga Juan Manuel Sosa, condenándolo en costas y confirmando que debe devolver los 300.000 euros cobrados de forma ilegal durante su etapa como consejero de Sanidad en el Cabildo de Lanzarote, entonces presidido por Mª Dolores Corujo.
Explica Pedro San Ginés, secretario general de Coalición Canaria en Lanzarote y La Graciosa que Sosa interpuso una demanda contra el Gobierno de Canarias y el Cabildo para anular las resoluciones que le obligaban a reintegrar ese dinero, pero el tribunal ha rechazado todos sus argumentos. En la sentencia del 30 de julio se ratifica la validez de dichas resoluciones y los informes del Consejo Consultivo que avalan la ilegalidad de los cobros, "exactamente lo que Coalición Canaria denunció desde un principio", recalca.
Resoluciones anuladas
Desde la formación nacionalista lanzaroteña señalan que esta sentencia supone un contundente desmentido a las afirmaciones del entonces consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, quien aseguró en sede parlamentaria que las resoluciones estaban bien dictadas y que Sosa tenía derecho al cobro. La justicia confirma ahora que esas resoluciones fueron anuladas y que Sosa no tenía derecho a percibir esos fondos.
Añaden los nacionalistas que el exconsejero de Sanidad, Blas Trujillo, “quien negó reiteradamente la existencia de cobros indebidos y afirmó no tener constancia de irregularidades, también ha sido desmentido: la justicia confirma que esos cobros fueron ilegales y que Sosa debe devolver hasta el último euro”.
Denuncian actuación de mala fe
“No, señores Pérez y Trujillo, ni tampoco señora Corujo. No tenía derecho a cobrar ni uno solo de esos 300.000 euros”, subraya . La resolución judicial deja claro que “respecto a la actuación de la Comunidad Autónoma no hay mala fe”, sino que fue el propio demandante quien incumplió su deber de comunicar su cese como portavoz.
En palabras del líder nacionalista, “queda demostrado que quien actuó con mala fe y engañó a la administración fue Juan Manuel Sosa. El gobierno de Ángel Víctor Torres, en connivencia con Dolores Corujo, diseñó un entramado jurídico fraudulento para mantenerse en minoría en la Presidencia con el apoyo de un tránsfuga pagado con fondos públicos”.
Cobro indebido
San Ginés añade además que “los tribunales confirman lo que Coalición Canaria denunció durante años: se pagó un sueldo a quien no ejercía ni tenía derecho a ello; se engañó deliberadamente a la administración y a la ciudadanía; y tanto Dolores Corujo como los consejeros Julio Pérez y Blas Trujillo negaron reiteradamente las irregularidades en sede parlamentaria, mintiendo conscientemente porque lo que ahora dictaminan los tribunales era conocido por todos”.
Coalición Canaria recuerda que en 2022, tras destaparse el fraude, el Gobierno intentó maquillar la situación mediante una resolución ratificando errores, cuya anulación también ha sido confirmada por los tribunales. Esta maniobra evidencia —en palabras de San Ginés— “un entramado político-jurídico para sostener una mayoría inexistente con un tránsfuga financiado ilegalmente; una auténtica golfada política que no quedará impune”.
La sentencia señala que el recurso de Don Juan Manuel Sosa contra la resolución de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias fue desestimado. Se declara ajustada a derecho la resolución y se imponen costas a la parte actora con un límite de 400 euros. Contra esta sentencia se puede interponer apelación en 15 días, pagando 50 euros en depósito.