Si usted ha sido una de las miles de personas que estas semanas ha salido a disfrutar de alguna cena navideña por Las Palmas de Gran Canaria, sabe tan bien como yo que conseguir un taxi para volver a casa cuesta lo mismo que un vaso de sangre de unicornio.

No es una exageración ni una hipérbole festiva. Es una experiencia compartida por miles de ciudadanos, repetida con una frecuencia tan previsible que ya forma parte del paisaje urbano. Y precisamente por eso resulta tan preocupante. Porque en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria es inconcebible que un servicio público esencial como el taxi no esté a la altura.

No lo está en Navidad. No lo está cuando hay un festival de música. No lo está cuando juega la UD Las Palmas. Y no lo está, tampoco, a partir del mediodía de cada viernes y durante la práctica totalidad de los fines de semana. El patrón es siempre el mismo: paradas vacías, aplicaciones sin respuesta, ciudadanos deambulando durante horas y una sensación creciente de abandono.

Cambio de perfil

En el sector, y conviene decirlo con rigor y sin caricaturas, explican parte del problema. En los últimos años se han incorporado conductores jóvenes que trabajan de lunes a viernes, que apuestan por horarios diurnos y que prefieren conciliar con sus familias. También existe un miedo real a las noches de viernes y sábado, marcadas por la inseguridad, el alcohol y situaciones de riesgo. Y no seré yo quien reproche a un trabajador que no quiera exponerse ni sacrificar su vida personal.

Hasta ahí, todo es comprensible. Incluso razonable.

Pero hay una línea que no se puede cruzar, y es la del olvido de que el taxi es, ante todo, un servicio público, aunque esté prestado por autónomos y cooperativas. No es Guaguas Municipales, cierto, pero cumple una función estructural en la movilidad de la ciudad. Y cuando esa función falla de manera sistemática, la responsabilidad deja de ser solo del sector y pasa a ser política.

Hace años existió un plan para organizar la prestación del servicio según la terminación de la licencia municipal, estableciendo turnos alternos entre pares e impares. Una medida imperfecta, discutible, pero orientada a garantizar cobertura en la calle. Aquel plan acabó guardado en un cajón tras la oposición frontal de las cooperativas. Y desde entonces, poco o nada se ha hecho.

¿Uber?

Lo que no puede ser es que cada Navidad, cada Granca Live Fest o cada gran partido de la UD Las Palmas, miles de personas se vean obligadas a caminar kilómetros o a esperar indefinidamente un taxi que no llega. Tampoco es de recibo que algunos vehículos trabajen solo a demanda, con clientes fijos, circulando con la luz apagada mientras la ciudad entera busca transporte. O que desaparezcan de los barrios cuando varios cruceros llegan a La Luz.

Aquí hay un problema estructural y una falta evidente de liderazgo. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene que sentarse con el sector y ejercer valentía política, aunque incomode. Porque cuando el servicio público no funciona, la ciudadanía busca alternativas. Y cada vez son más quienes miran hacia Uber o Cabify como tabla de salvación.

Todos —responsables políticos, taxistas y usuarios— sabemos lo que eso significaría a la larga. La pérdida de control, la precarización progresiva y un modelo que, una vez entra, es muy difícil de revertir.

La pregunta no es si queremos plataformas. La pregunta es por qué estamos empujando a la ciudad hacia ellas por pura inacción. Y esa, en una capital como Las Palmas de Gran Canaria, debería ser una pregunta incómoda para quienes tienen la obligación de dar respuestas.