Hemos normalizado demasiadas cosas: la corrupción política, la ineficiencia institucional e incluso cierto deterioro del debate público. Esa manera de acostumbrarnos no es inocua; acaba erosionando la confianza y, con ella, la calidad de nuestra convivencia.

Nos levantamos cada día con un nuevo episodio y, poco a poco, hemos dejado de sorprendernos. Ese es quizá el síntoma más preocupante: no tanto lo que ocurre, sino la indiferencia con la que se asume.

El episodio de la urna clandestina durante el Comité Federal del PSOE del 1 de octubre de 2016 vuelve ahora a la conversación pública. Pero más allá del hecho concreto, lo verdaderamente relevante es otra cosa: el silencio prolongado de quienes estuvieron allí.

Durante años, nadie habló. Y ese silencio no es neutro. Responde, en muchos casos, a incentivos conocidos: la protección de la posición, la disciplina interna o la expectativa de ascenso. Es comprensible en términos humanos, pero problemático en términos democráticos.

¿Partido o principios?

La cuestión de fondo es incómoda: ¿qué ocurre cuando la lealtad a una estructura pesa más que la lealtad a los principios que se dicen defender?

La corrupción no es solo una cuestión legal; también lo es moral. Implica la quiebra de una responsabilidad pública que debería ser ejemplar. Y cuando el debate político se desplaza hacia lo emocional, hacia la confrontación constante, se reduce el espacio para la rendición de cuentas real.

Quizá el problema no sea únicamente lo que hacen algunos dirigentes, sino lo que como sociedad ya no estamos dispuestos a cuestionar.