La querella que sacude el área de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana, adelantada por Atlántico Hoy, ha abierto un nuevo frente político en el municipio. El PSOE ha elevado el tono y advierte de la “extrema gravedad” de unos hechos que ya están en manos de la Justicia.
La portavoz socialista, Conchi Narváez, ha valorado la acción judicial presentada por el jefe de Disciplina Urbanística contra la concejala Davinia Ramírez, asegurando que el contenido del documento “confirma el modus operandi” en el área.
Según la información publicada por este medio el pasado viernes, el jefe del servicio denuncia presuntas irregularidades graves en la gestión urbanística, incluyendo manipulación de expedientes y órdenes contrarias al ordenamiento jurídico.
El escrito recoge además presiones políticas, paralización de sanciones y bloqueo de procedimientos, así como actuaciones orientadas a buscar “soluciones amistosas” con empresarios en determinados casos.
La querella apunta a posibles delitos como prevaricación, tráfico de influencias o acoso institucional, en un contexto que el denunciante enmarca como una presunta trama dentro del área de Urbanismo.
Expedientes retenidos
A partir de este contexto, el PSOE sostiene que los hechos encajan con advertencias previas del grupo. Narváez ha señalado la retención arbitraria de expedientes y decisiones que habrían afectado al funcionamiento normal del servicio.
También ha puesto el foco en los trabajadores municipales, al considerar que la querella describe un escenario de presiones y posibles represalias hacia técnicos que se niegan a ejecutar determinadas órdenes.
“Es inaceptable que se castigue a quien hace su trabajo”, ha afirmado la portavoz.
Señalan al alcalde
El PSOE ha dirigido sus críticas al alcalde Marco Aurelio Pérez, al que exige una respuesta institucional inmediata ante la gravedad de los hechos denunciados. Narváez reclama aclarar qué medidas adoptará el gobierno local ante una querella que afecta directamente a la gestión urbanística del municipio.
Además, ha cargado contra el concejal Alejandro Marichal, al que acusa de actuar en contra de informes técnicos y de favorecer, según sus palabras, una política de trato desigual.
Rechazo del gobierno
Por su parte, Alejandro Marichal ha rechazado las acusaciones de forma tajante, asegurando que son “rotundamente falsas” y que no responden a la realidad.
El caso queda ahora en manos de la Justicia, mientras aumenta la presión política sobre una de las áreas más sensibles del Ayuntamiento.