A casi 5 kilómetros del acceso a la playa de Veneguera la pista dejaba de existir. Daba paso a tres grandes rocas. A partir de ahí ya no era posible continuar en coche; solo caminando. El grupo empresarial Lopesan, responsable del mantenimiento del camino en virtud de la concesión otorgada por el Consejo Insular de Aguas, estaba obligada a restituir el acceso tras los daños provocados por las lluvias. Sin embargo, pese a los reiterados requerimientos para que ejecutara las obras, el camino permaneció intransitable durante casi ocho meses.
El silencio reaparece a medida que baja el barranco. Dura unos minutos hasta que el ruido metálico de las excavadoras vuelve a imponerse. Están construyendo un puente para conectar su camino privado con sus fincas.
A pocos kilómetros cauce abajo, el agua sigue buscando la desembocadura hacia el mar igual que lleva haciéndolo miles de años. Pero esta vez con muy poco espacio. Con muros de hormigón Lopesan ha canalizado el barranco con unos 4 metros de ancho para ello. Los tarajales de la primera línea de playa ya no están. Han allanado y modificado toda la costa de este paraje, transformando el hábitat de diferentes especies de animales y plantas. Los cardones y tabaibas que han sobrevivido son los que se agarran a varios metros ladera arriba; los más cercanos a la costa y al cauce ya no están. Al igual que las dos palmeras que lindaban el parking de tierra. Ya no hay ni zona de aparcar ni palmeras; tres ejemplares quedan medio sepultados por las rocas que han movido de los riscos.
El viento sigue llegando desde el oeste con el mismo olor a sal de siempre. Regresa la sensación de que incluso la libertad de este paisaje vuelve a estar bajo control. Y también regresa una historia que Gran Canaria creyó terminada hace unos cuarentaaños. Veneguera vuelve a convertirse en un campo de batalla cuarenta años después de que miles de personas lograran detener uno de los mayores proyectos urbanísticos de Canarias y su consecuente desastre ambiental. Durante décadas se convirtió en un símbolo compartido por miles de personas que entendieron que proteger aquel paisaje significaba defender una determinada forma de entender Canarias.
Debate
Hoy vuelven las excavadoras deteriorando el paisaje, con ello nuevas denuncias y un debate que trasciende un conflicto local: interpela a toda una sociedad sobre el valor que concede a su territorio y a la capacidad de organizarse para protegerlo. Pero esta vez el conflicto ya no enfrenta únicamente a empresas, bancos, administraciones públicas, vecinos y ecologistas. También obliga a hacerse una pregunta mucho más incómoda: ¿seguimos siendo aquella sociedad capaz de defender colectivamente su territorio?
Antes de convertirse en un conflicto político y urbanístico, Veneguera ya era una historia escrita por la geología, el agua, la agricultura y la memoria de quienes la habitaron. Historia marcada por la erosión sobre una de las zonas geológicamente más antiguas de Gran Canaria, inmersa en el sector denominado Paleotamarán, con una antigüedad aproximada de 14 millones de años.
Mientras buena parte del litoral del sur de Gran Canaria cambiaba para siempre bajo el empuje del turismo, aquel barranco seguía descendiendo durante doce kilómetros desde las cumbres de Inagua hasta el océano. En sus laderas crecían algunas de las comunidades de tabaibal cardonal más importantes del archipiélago (Euphorbiabalsamífera y Euphorbia canariensis); en el fondo del valle vivían palmerales, tarajales, balos, sabinas, restos de pinar y antiguos cultivos alimentados por un microclima único generando un ecosistema extraordinariamente diverso.
Sobrevolaban el barranco el camachuelo trompetero, el bisbita caminero, el alcaudón, los cernícalos y el aguililla; en los acantilados costeros seguían anidando pardelas, paíños y el escaso guincho, mientras lagartos gigantes, salamanquesas e innumerables invertebrados ocupaban el suelo pedregoso. Según el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural del Nublo, esta región costera es también una de las que alberga mayor número de especies marinas, siendo uno de los focos de vida marina menos afectados por la actividad humana.
En los riscos permanecían los vestigios de los antiguos canarios que habitaron aquel lugar mucho antes de que alguien imaginara hoteles, campos de golf o carreteras. Los yacimientos más relevantes son el poblado de la Playa, Los Secos, el Lomo de las Camellitas y la Cañada de la Mar, asociados a áreas de culto, cuevas de enterramiento y, sobre todo, el conjunto arqueológico de Castilletes, en lo alto de Tabaibales, asociado a un conjunto ceremonial con una fortificación perimetral.
Además de un barranco espectacular, Veneguera era el hogar de varias generaciones de familias campesinas que vivieron del barranco y trabajaron sus tierras. Durante buena parte del siglo XX, la agricultura (especialmente el cultivo del tomate de exportación) marcó el ritmo de la vida cotidiana; se levantaron estanques, acequias, empaquetados y cuarterías donde residían decenas de trabajadores temporeros durante las campañas agrícolas. Aquella realidad comenzó a cambiar cuando la propiedad de la finca fue concentrándose en manos de grandes sociedades mercantiles. La antigua empresa Costa Canaria de Veneguera, nacida en el entorno de la Cooperativa Agrícola Santa Clara, acabaría pasando por entidades como el banco Banesto y la antigua compañía de seguros La Unión y el Fénix, anticipando el proceso que convertiría el barranco en objeto de una intensa disputa económica y urbanística.
Cuando la isla dijo basta
En los años 60 se produce un gran cambio de época para las Islas: el sector servicios sustituyó al sector agrícola por el turismo, con una serie de cambios estructurales que transformarían radicalmente la cultura y el territorio insular hacia modelos propios de los países capitalistas. Este modelo económico que por un lado mejoró la situación económica de una parte de la sociedad también fue el causante de un gran impacto medioambiental y continuó perpetuando importantes niveles de exclusión y pobreza.
Como señalarían años después los investigadores que reconstruyeron aquella movilización, es acertada la definición de este proceso como un ‘‘neocolonialismo del espacio de calidad’’, producto de la política de desarrollo turístico, que desarrolló el control de la propiedad de los terrenos a través de las operaciones de compraventa, generando especulación con el territorio.
Durante buena parte del siglo XX, Veneguera era un lugar prácticamente desconocido para la mayoría de los canarios. Un inmenso barranco del suroeste de Gran Canaria donde todavía sobrevivía un paisaje que parecía detenido en el tiempo: un mosaico de acantilados con una gran riqueza de flora y fauna, hábitats de numerosas especies protegidas, playas salvajes, uno de los yacimientos arqueológicos más relevantes del oeste insular, antiguos asentamientos humanos y un pequeño núcleo agrícola que conservaba una forma de vida cada vez más escasa en la isla.
Mientras el litoral del sur comenzaba a cubrirse de hoteles, urbanizaciones y campos de golf, condenado a extender el cemento sobre cada rincón de costa que aún permanecía intacto, Veneguera permanecía al margen. Precisamente por eso se convirtió en el siguiente objetivo.
A finales de los años ochenta comenzó a tomar forma uno de los mayores proyectos urbanísticos jamás planteados en Canarias. El plan pretendía edificar una ciudad en el valle de Veneguera mediante la construcción de 140.000 mil plazas turísticas, hoteles, apartamentos, puerto deportivo, campos de golf, centros comerciales y una amplia red viaria. El proyecto no solo afectaba al barranco principal, sino también a los barrancos de El Perchel y Los Secos y a extensas llanuras como Tabaibales. No era simplemente una urbanización más: era la culminación del modelo turístico que había transformado el sur de Gran Canaria durante décadas.
Pero la ciudadanía no quedó de mero espectador y la oposición surgió desde diversos frentes. Comenzó a construirse un movimiento popular a través de una alianza inédita entre vecinos, científicos, profesores universitarios, colectivos ecologistas, asociaciones culturales, montañeros, estudiantes y buena parte de la sociedad civil canaria decidida a proteger este enclave. Veneguera dejó de ser un lugar y pasó a convertirse en un símbolo.
La defensa de Veneguera empezó entonces a construirse sobre una idea sencilla pero poderosa: no todo podía convertirse en suelo turístico. Aquella reivindicación terminó cristalizando en una de las mayores movilizaciones ecologistas de la historia de Canarias. Nació un movimiento ciudadano insólito para la época: descentralizado, transversal y sostenido por una clara convicción: Veneguera no podía venderse.Durante años se organizaron marchas, cadenas humanas, concentraciones, actos culturales, campañas informativas, charlas en asociaciones de vecinos, recogidas de firmas, caminatas, debates públicos, una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por decenas de miles de personas y una intensa batalla jurídica y política que auspiciaron al movimiento Salvar Veneguera, logrando trasladar el conflicto desde un pequeño barranco del oeste de Gran Canaria hasta el conjunto del Archipiélago.
Tras años de presión social, informes científicos y un largo conflicto político, el proyecto urbanístico terminó siendo descartado y el espacio fue incorporado a las figuras de protección ambiental que hoy lo integran dentro del Parque Rural del Nublo, convirtiéndolo en uno de los grandes símbolos de la defensa del territorio en Canarias.
Veneguera se convirtió en la demostración de que la ciudadanía podía influir en el futuro del territorio. Fue una victoria histórica. No solo porque se salvó uno de los últimos grandes paisajes vírgenes del litoral grancanario. También porque aquella lucha ayudó a consolidar el movimiento ecologista moderno en Canarias y dejó una enseñanza que todavía hoy permanece vigente: cuando la sociedad se organiza, incluso los proyectos aparentemente inevitables pueden detenerse.
Durante décadas, Veneguera fue recordada precisamente por eso. Como el lugar donde la ciudadanía logró imponerse a uno de los mayores intereses urbanísticos de Canarias. Siempre fue la memoria de un pueblo que un día decidió que había lugares que no podían venderse. ¿Sigue viva esa memoria?
El tiempo demostraría que la historia a veces se repite y las victorias ambientales rara vez son definitivas. Cuarenta años después, el conflicto regresa con nuevas estrategias y un contexto diferente, pero con una pregunta idéntica: ¿quién decide el futuro de Veneguera?
La batalla nunca terminó
Durante más de dos décadas pareció que Veneguera había quedado definitivamente a salvo con la Ley 6/2003 que había incorporado todo el barranco como Parque Rural. El gran proyecto turístico había quedado enterrado bajo una de las mayores victorias del movimiento ciudadano canario. O eso parecía. Porque la historia nunca terminó.
Mientras la memoria colectiva celebraba aquella victoria y el nombre de Venegueradesaparecía poco a poco del debate público, el territorio seguía transformándose casi en silencio. Pero los paisajes también tienen memoria. Y, a veces, esa memoria vuelve a reclamar atención cuando creíamos que todo estaba resuelto.
En 2014, el grupo Lopesan adquirió la mayor parte de la finca de Veneguera, unas 2.800 hectáreas que abarcan buena parte del barranco, la desembocadura y los llanos de Tabaibales. Dos años después, el Consejo Insular de Aguas concedió a su filial, Costa Canaria de Veneguera SA, una concesión administrativa sobre el cauce del barranco para ejecutar distintas actuaciones hidráulicas destinadas a encauzar las aguas y reducir el riesgo de avenidas. Lo que sobre el papel se presentó como una intervención hidráulica y de restauración ambiental fue dando paso, con el paso de los años, a un escenario cada vez más controvertido.
En los trabajos de canalización ejecutados en 2018 se sumaron denuncias por la eliminación de vegetación autóctona, movimientos de tierras, extracción de áridos, modificaciones del cauce y actuaciones sobre caminos históricos y accesos públicos. Según los informes elaborados por el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, durante la ejecución de las obras se alteraron cinco yacimientos arqueológicos y quedaron destruidas o gravemente afectadas estructuras pertenecientes al Bien de Interés Cultural de Cañada de la Mar. Los técnicos sostienen que algunas intervenciones penetraron hasta diecisiete metros dentro del espacio protegido y que parte del patrimonio desapareció de forma irreversible. El propio informe señala además la ausencia de un estudio arqueológico global que evaluara el conjunto de las actuaciones.
Las advertencias no se limitaron al patrimonio histórico. El área de Medio Ambiente del Cabildo comunicó igualmente que no constaba la solicitud del preceptivo informe de compatibilidad ambiental para diversas actuaciones dentro del Parque Rural del Nublo, un requisito previsto para intervenciones en un espacio natural protegido. Paralelamente, diferentes organismos comenzaron a analizar posibles afecciones sobre el dominio público hidráulico, los hábitats naturales y la vegetación autóctona.
Laberinto de expedientes
En apenas unos años Veneguera terminó convirtiéndose en un laberinto de expedientes, denuncias e investigaciones abiertas por distintos colectivos y administraciones. Demarcación de Costas incorporó un procedimiento sancionador; el Seprona y la Fiscalía asumieron nuevas actuaciones; el Cabildo trasladó informes sobre posibles daños arqueológicos, ambientales e hidráulicos; y los agentes de Medio Ambiente llegaron a inspeccionar la zona desde un helicóptero para documentar las intervenciones más recientes. A esta complejidad administrativa se sumó durante años la ausencia de uno de los instrumentos de planificación del espacio protegido: el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) que no fue aprobado definitivamente hasta junio de 2026, más de dos décadas después.
Durante ese tiempo, Cabildo y Ayuntamiento de Mogán mantuvieron un constante cruce de reproches sobre las competencias, las autorizaciones y la seguridad jurídica de las actuaciones desarrolladas en el barranco. Mientras tanto, el barranco continúa transformándose. Los procedimientos avanzando al ritmo de la burocracia; las excavadoras, al ritmo de la obra.
Durante años, todo ello avanzó entre expedientes administrativos y procedimientos apenas conocidos fuera de los colectivos ecologistas. Hasta que llegaron las lluvias de 2026. Las escorrentías provocadas por los temporales dañaron gravemente la pista pública de acceso a la playa. Durante meses el paso permaneció prácticamente inutilizable. Mientras vecinos y visitantes esperaban la reparación del camino, comenzaron a aparecer excavadoras modificando la playa.
Las imágenes empezaron a circular por redes sociales y devolvieron Veneguera a la conversación pública. Montañas de callaos desplazadas. Movimientos de áridos. Nuevos desmontes. Cardones y tarajales arrancados. Muros de hormigón. Un puente levantándose sobre el cauce para comunicar propiedades privadas. Y mientras laempresa defiende la legalidad de sus actuaciones bajo el denominado proyecto de ‘‘Limpieza y renaturalización’’, la modificación del cauce natural del barranco perjudicaal suministro natural de agua para la flora autóctona y el talud natural de la playa desaparece bajo la maquinaria, eliminando arena característica de la zona, alterando gravemente la dinámica sedimentaria y la integridad del ecosistema costero.
Sin embargo, más de una treintena de organizaciones sociales y ambientales solicitaron públicamente conocer el contenido íntegro del proyecto, los informes técnicos que lo respaldaban, las autorizaciones concedidas y los criterios ambientales utilizados para justificar unas actuaciones ejecutadas dentro de uno de los espacios protegidos más emblemáticos de Gran Canaria. Para los colectivos, la sucesión de informes, expedientes y remisiones entre organismos ha alimentado la sensación de una respuesta institucional fragmentada, en la que las responsabilidades se diluyen mientras las intervenciones sobre el territorio continúan.
La palabra “renaturalización” comenzó entonces a ocupar el centro del debate. Para los colectivos ciudadanos ese término resultaba difícil de conciliar con el historial de actuaciones desarrolladas durante la última década en el barranco. Para buena parte de los colectivos la contradicción resulta evidente: en un enclave de tan alto valor ecológico, la mejor forma de renaturalizar consiste, sencillamente, en reducir al mínimo la intervención humana.
Pero quizá el momento más simbólico llegó con la imagen reciente de personas situándose delante de una retroexcavadora en el fondo del barranco. El movimiento empieza a responder con acciones directas no violentas para detener temporalmente los trabajos. Sus integrantes denuncian la ausencia de balizamiento de seguridad, el riesgo para las personas y lo que consideran nuevas agresiones contra un espacio protegido. La máquina se detuvo. Durante unos minutos, el tiempo pareció doblarse sobre sí mismo, la escena recordó inevitablemente a aquellas fotografías de finales de los años ochenta en las que decenas de personas defendían el mismo barranco.
La memoria también se defiende
El movimiento popular Salvar Veneguera vuelve a despertar de nuevo como lo hace una Phoenix Canariensis tras un incencio. En apenas unas semanas han vuelto las concentraciones en el pueblo, las denuncias públicas, las asambleas abiertas, las protestas frente al Cabildo y ante las oficinas de Lopesan. La indignación ha regresado. También la necesidad de encontrarse, organizarse y volver a construir comunidad.
Pero el desafío va mucho más allá de un barranco. Después de décadas en las que la movilización social consiguió frenar una de las mayores agresiones urbanísticas de Canarias, hoy el movimiento ciudadano afronta un contexto diferente: una sociedad más fragmentada, más acelerada y demasiado acostumbrada a contemplar los conflictos desde una pantalla. Mientras discutimos en redes sociales, el territorio continúa transformándose. El hormigón no espera. Tampoco la especulación. La verdadera incógnita ya no está únicamente en Veneguera, sino en la capacidad de una sociedad para volver a mirarse a los ojos, reconocerse, organizarse y comprender que ningún espacio natural se defiende en solitario.
Hay lugares que parecen condenados a desaparecer dos veces. La primera, cuando alguien decide transformarlos. La segunda, cuando la sociedad olvida por qué un día salió a defenderlos. Veneguera estuvo a punto de desaparecer de la primera manera. Hoy corre el riesgo de hacerlo de la segunda.
El mayor legado de Salvar Veneguera tal vez no sea haber detenido una urbanización ni haber protegido uno de los paisajes más valiosos de Gran Canaria. Su verdadera victoria fue demostrar que una ciudadanía organizada puede cambiar el rumbo de una isla.
Casi cuarenta años después, el paisaje ha cambiado. Los nombres también. Pero las preguntas siguen siendo las mismas: ¿Quién decide el futuro del territorio? ¿Qué modelo de isla queremos construir? ¿Hasta cuándo seguiremos llamando progreso a la desaparición de aquello que nos hace únicos? ¿Qué ocurre cuando un pueblo olvida que una vez fue capaz de cambiar el destino de su territorio?
Veneguera nunca fue únicamente un barranco. Siempre fue una forma de entender el territorio. Y quizá esa siga siendo la verdadera batalla: decidir si aún estamos dispuestos a defender aquello que sabemos que no puede recuperarse una vez perdido.
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