El Juzgado de Instrucción número 2 y la Fiscalía Anticorrupción han analizado más de 10.000 folios de expedientes administrativos para destapar un fraude superior a los 400.000 euros en el agua de riego de los parques y jardines de Las Palmas de Gran Canaria.

Los indicios hallados por juez y fiscal han motivado la imputación de los responsables de Parques y Jardines entre los años 2015 y 2022. La concejala Inmaculada Medina, que ha anunciado su dimisión tras conocer su implicación en la trama, deberá comparecer como investigada el 19 de diciembre. Lo mismo ocurre con el jefe de la unidad técnica del servicio, Sergio González Cubas, y la empresa adjudicataria del suministro de agua, Guerra Patrimonial FGG SL.

Delitos

A Medina y González se le atribuyen los delitos de malversación agravada de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración, mientras que la empresa deberá responder por malversación y cohecho. Su responsable, Felipe Guerra, y el funcionario Miguel Ángel Padrón, están citados para el día 17 por los mismos delitos imputados a Guerra Patrimonial.

Antes, el 9 de diciembre, será el turno de los testigos. Son los empleados públicos Bruno Naranjo y Víctor Alonso Martínez, así como la concejala Gemma Martínez Soliño, todos con responsabilidad en Parques y Jardines.

Los interrogatorios girarán sobre los cuatro expedientes administrativos bajo sospecha, que afectan al agua de riego en los barrios de Tamaraceite, San Lorenzo, La Galera y Tenoya.

Mecánica del fraude

Juez, fiscal y Guardia Civil han analizado 89 facturas presentadas por la empresa y abonadas por el Ayuntamiento que "no acreditan control alguno, sino circularidad documental", recoge el sumario judicial, que describe un sistema en el que "los suministros se daban por válidos entre sí, sin contraste técnico, sin lectura de contadores, y sin una auditoría del consumo real de metros cúbicos de agua durante más de siete años".

"En ese marco, la conformidad de las facturas devino un trámite automatizado propicio al enriquecimiento injusto a costa del erario público", subraya el informe de Anticorrupción en el que se apoya el juez para ampliar la investigación e imputar a Medina.

El sobrecoste en cifras

La magnitud del presunto fraude queda patente al comparar una factura reciente con las firmadas bajo el sistema que ahora se cuestiona.

En la factura de enero de 2023, por ejemplo, el consumo real ascendió a 1.241 metros cúbicos de agua, con un importe de 1.551,25 euros, mientras que la de enero de 2022 declaró un consumo de 17.968 metros cúbicos, con un importe de 22.460 euros.

La diferencia es abrumadora: solo con la factura de enero de 2022, Guerra Patrimonial cobró 6.059 metros cúbicos más de agua que la suma de las seis facturas emitidas en el periodo posterior, entre diciembre de 2022 y mayo de 2023, es decir, una vez que se implantó el control exigido por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) de "verificar antes de pagar con fondos públicos".

Además, la factura cuestionada de enero de 2022 fue firmada por la Medina el 13/6/2022 y por Cubas el 11/6/2022, incluso siete días antes de formalizar el acta de conformidad, evidenciando la presunta automatización irregular del trámite.

Prueba clave

Esa garantía de control, además, está recogida en los propios pliegos de los contratos. Lo que hizo el nuevo equipo gestor al acceder al servicio fue cumplir con esa obligación, entre ellos la concejal Martínez Soliño, que pertenece a Podemos y es socia del PSOE en el gobierno municipal junto a Nueva Canarias. De ahí que el fiscal la proponga como testigo: los consumos de agua bajaron a niveles de 2012 desde que comenzaron a controlarse de manera material los contadores.

Esa manera de actuar durante siete años, con Medina como máxima responsable de Parques y Jardines, ha causado al Ayuntamiento un perjuicio económico superior a los 400.000 euros.

Por eso el juez, tras ofrecer al Ayuntamiento su derecho a ejercer acciones legales, ha pedido a Intervención y Tesorería que elaboren un anexo con todos los detalles de las facturación del servicio.

Quebranto

La finalidad de esas diligencias es ordenar la documentación para hacerla más manejable, además de cuantificar el dinero supuestamente desviado.

Juez y fiscal creen que buena parte de ese dinero fue a parar a la cuenta corriente de Miguel Ángel Padrón, pues Guerra Patrimonial financió con más de 400.000 euros un complejo de viviendas vacacionales que el funcionario construyó en La Palma. De ahí que ambos estén investigados por cohecho. Padrón era el jefe de Parques y Jardines y la mano derecha de Medina durante la época investigada.

Recurso

La defensa del empresario, que está ejercida por Sergio Armario, ha presentado una batería de nulidades para tratar de tumbar la ampliación de la investigación.

Según el abogado, juez y fiscal han actuado de manera prospectiva, amparándose en expedientes administrativos incompletos que intentan reconstruir con la documentación solicitada al Ayuntamiento para convalidar las pesquisas.

La finalidad de esa diligencia, sin embargo, es ordenar la documentación y cuantificar el daño económico, pues las 89 facturas están en el Tomo II de la causa junto a los cuatro expedientes administrativos investigados.