Tras la dimisión de Inmaculada Medina por su imputación en el 'caso Valka', el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria afronta una exhaustiva investigación en Parques y Jardines, con cuatro contratos vinculados al suministro de agua de riego que serán claves para acreditar el sobrecoste del servicio y la supuesta falsificación de facturas.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha emitido una diligencia en la que ordena a la alcaldesa, la Intervención General y la Tesorería Municipal la remisión, de manera urgente y coordinada, de la totalidad de la documentación sobre los contratos bajo sospecha, un período que abarca desde abril de 2015 hasta noviembre de 2022, coincidiendo plenamente con la etapa en la que Medina era responsable de Parques y Jardines.
Rastreo financiero al detalle
El requerimiento judicial busca establecer la trazabilidad completa del presunto desvío de fondos. Según la Fiscalía Anticorrupción, las cantidades malversadas podrían superar los 400.000 euros.
El magistrado Rafael Passaro no solo reclama la entrega de cuatro expedientes de contratación plurianual (identificados como 40-16C, 324-20C, 456-13C y 220-19C), sino que exige la creación de un anexo individualizado y certificado por la Intervención General con detalles exhaustivos de cada factura emitida por la empresa investigada, Guerra Patrimonial FGG SL.
El anexo debe incluir una copia cotejada de cada factura mensual, la acreditación de la conformidad técnica por parte de los funcionarios, la resolución del reconocimiento de la obligación y la autorización del pago, la partida presupuestaria a la que se imputó el gasto y la indicación expresa sobre si se adjuntó o no la lectura del contador de metros cúbicos de agua.
La tesis de Anticorrupción es que Medina ordenaba el pago de las facturas sin revisar los contadores de agua, es decir, sin verificar el consumo real del servicio, beneficiando siempre a Guerra Patrimonial, empresa que financió las viviendas vacacionales de Miguel Ángel Padrón, funcionario y mano derecha de la concejal.
Listado de pagos
El auto también presiona a la Tesorería Municipal, a la que exige un listado detallado de los mandamientos de pago y justificantes bancarios a la empresa, con la fecha de ordenación y abono efectivo y la cuenta de destino, buscando así la prueba material del destino de los fondos públicos.
La orden judicial pone de relieve la gravedad y el alcance de las presuntas irregularidades que precipitaron la dimisión de Inmaculada Medina este lunes.
La exconcejala, que fue imputada por presuntos delitos de malversación, falsedad documental, prevaricación y fraude, era la máxima responsable política del área investigada durante los siete años que ahora el juzgado revisa con lupa.
Concierto de voluntates
La tesis judicial apunta a que la intervención coordinada de los implicados permitió un "marco contractual ficticio", el cual habría facilitado la facturación "inflada" y el pago de facturas sin el debido control técnico, algo que el juez ha imputado directamente a la concejala por su actuación continuada.
En la causa también están investigados dos funcionarios, el empresario y la compañía Guerra Patrimonial como persona jurídica, en este caso por cohecho.
La oposición municipal, que ha pedido la dimisión de Medina en varias ocasiones, reclama una investigación interna rigurosa en el consistorio.