La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado instructor del caso Valka que investigue a la concejala Inmaculada Medina por malversación de caudales públicos, falsedad en documento público, prevaricación y fraude a la administración.
El fiscal Javier Ródenas, tras revisar los expedientes administrativos del suministro de agua de riego, avanza en la investigación de la pieza separada que afecta a Parques y Jardines, en la que ya están imputados el empresario Felipe Guerra y el funcionario Miguel Ángel Padrón, jefe del servicio y mano derecha de Medina en el mandato anterior.
El ministerio público también reclama al magistrado Rafael Passaro interrogar como investigado a Sergio González Cubas, jefe de la unidad técnica de Parques y Jardines, así como a la empresa Guerra Patrimonial FGG SL por cohecho y malversación. Esta compañía financió con un préstamo de más de 400.000 euros las viviendas vacacionales construidas por Padrón en La Palma, operación realizada mientras el funcionario y Medina le adjudicaban el suministro de agua en los barrios de Tamaraceite, San Lorenzo y Tenoya.
Cifras que no cuadran
En calidad de testigos deberán de comparecer Bruno Naranjo, director de Servicios Públicos del Ayuntamiento; Víctor Alonso, jefe de servicio, y la concejala Gemma Martínez Soliño.
Se trata del equipo que ha relevado a Padrón y Medina en la gestión de Parques y Jardines, cuyos testimonios serán claves para acreditar el supuesto fraude en los contadores de agua y las facturas expedidas para justificar los gatos.
La Fiscalía considera que el Ayuntamiento no revisó de manera efectiva los contadores durante siete años, pagando metros cúbicos de agua no suministrada e inflando facturas por el servicio. Basa esa conclusión en la caída súbita de la facturación y la reversión a parámetros históricos después de diciembre de 2022, que es cuando entró el nuevo equipo gestor.
Las fuentes consultadas confirman que el expolio a las arcas públicas supera los 400.000 euros de fondos públicos.