La Audiencia de Las Palmas ha confirmado el archivo de la querella presentada por un alto cargo municipal contra cuatro compañeros del Ayuntamiento y un concejal de Las Palmas de Gran Canaria durante el mandato de Augusto Hidalgo.
Antonio Ramón Balmaseda, que ha desempeñado jefaturas como Hacienda, Tributos o la Asesoría Jurídica, pedía al tribunal que reabriese su caso y se le tomase declaración a los querellados.
Diligencias
El funcionario de carrera sostiene que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva porque no se han practicado unas "diligencias mínimas de investigación", pero la Sección Segunda rechaza ese argumento y ratifica el sobreseimiento acordado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria.
El tribunal, por tanto, cierra la causa y avala la actuación del entonces edil de Recursos Humanos, Mario Regidor; la directora de la Asesoría Jurídica, Felicitas Benítez; la directora de Recursos Humanos, Mercedes Cejudo; el jefe de Inspección de Servicios, Julio Juan Rodríguez, y el responsable de Recursos Humanos, Sebastián Sánchez.
Todos fueron cesados en agosto de 2023 por el gobierno de la nueva alcaldesa, Carolina Darias, con el argumento de impulsar esas y otras áreas clave para la gestión municipal.
Expediente motivado
Balmaseda fue contra sus compañeros porque le abrieron un expediente seis años después de habilitar a dos abogados para representar al Ayuntamiento, sin haber tramitado antes la compatibilidad a través del pleno municipal. Los magistrados, sin embargo, concluyen que el expediente está motivado y no existe indicio alguno de prevaricación.
La sentencia destaca que Benítez "no elabora su informe de forma inmotivada o sorpresiva". El dictamen que origina la querella es consecuencia de un procedimiento seguido en un Juzgado de lo Social, el cual pide una certificación para aclarar si a varios letrados del Ayuntamiento se les ha otorgado el doble rol de letrado municipal y abogado colegiado.
Eso ocurre cinco años después, pero no por decisión de la Asesoría Jurídica, sino por el procedimiento judicial desde el que se reclama la certificación de los letrados.
Documentación
El propio Balmaseda, tras presentar su renuncia, interesa la habilitación de los abogados en el sistema Lexnet, sin estar aprobada la compatibilidad por el órgano competente. De ahí la conclusión de la Audiencia: "la documentación aportada es clara, acredita cómo se han sucedido los hechos y, por ello, resulta irrelevante la declaración de diversos empleados municipales".
La sentencia es firme porque no cabe recurso ante el Tribunal Supremo (TS).