La gestión de los cementerios municipales de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra bajo revisión tras una auditoría encargada por el Ayuntamiento que apunta a un posible desequilibrio económico-financiero en la concesión vigente desde 1997. El informe técnico detecta inconsistencias contables, incremento de costes difícilmente justificables y un sistema de ingresos que habría reducido el canon que percibe la administración local.
La concesionaria del servicio, Compañía Canaria de Cementerios (Canaricem), rechaza sin embargo las conclusiones y sostiene que su actuación se ajusta plenamente al contrato y a la normativa vigente.
Desfase económico
La auditoría externa, elaborada para evaluar la ejecución del contrato de concesión, concluye que existen indicios de alteración del equilibrio económico del servicio, principalmente por el aumento de gastos imputados a mantenimiento y por operaciones económicas con sociedades vinculadas.
Según el informe, se habrían detectado facturas cruzadas entre empresas del mismo grupo, así como externalizaciones cuya justificación económica no queda suficientemente acreditada. Los auditores también señalan discrepancias en la imputación de personal y en la asignación de costes a determinadas actividades.
Estas prácticas, siempre según el documento técnico, habrían elevado los gastos declarados y reducido el beneficio oficial de la concesión, con impacto directo en el canon municipal.
Polémica venta de flores
Uno de los puntos centrales del análisis es la actividad de floristería en los cementerios. La auditoría considera “inverosímiles” los ingresos declarados por la venta de flores, al situarse muy por debajo de los márgenes habituales del sector.
El informe plantea que los resultados económicos solo serían coherentes si los costes estuvieran sobredimensionados o si los ingresos reales no se reflejaran completamente en la contabilidad presentada al Ayuntamiento. También se cuestiona la asignación de parte del personal a esta actividad.
Sobrecostes millonarios
El documento fiscalizador cifra en al menos 1,17 millones de euros los sobrecostes acumulados en trabajos de mantenimiento, derivados de modificaciones contractuales y servicios ejecutados por empresas relacionadas con la concesionaria.
Los auditores entienden que esta relación societaria podría haber limitado el control efectivo de precios y alterado las condiciones económicas inicialmente previstas en la adjudicación.
Falta de cuentas desagregadas
Otro de los elementos clave señalados por la auditoría es la ausencia de contabilidad separada por servicios, lo que dificulta comprobar con precisión los ingresos reales de cada actividad y verificar el equilibrio económico-financiero del contrato.
Esta opacidad contable, según el informe, limita la capacidad de fiscalización municipal e impide determinar con exactitud si el Ayuntamiento ha percibido el canon que le correspondería.
¿Resolución de la concesión?
Ante estas conclusiones, el área de Hacienda estudia posibles medidas administrativas, entre ellas inspecciones adicionales, penalidades contractuales o incluso la resolución de la concesión si se confirmaran incumplimientos graves.
Las conclusiones de la auditoría han sido publicadas por La Provincia / Diario de Las Palmas. Según esas publicaciones, el Ayuntamiento dispone ya del informe completo y analiza las actuaciones a seguir para garantizar el control público del servicio y la correcta ejecución de una de las concesiones municipales más relevantes de la ciudad.
Versión de la concesionaria
Frente a las conclusiones de la auditoría, Canaricem defiende que su gestión ha sido correcta y conforme al contrato. La empresa sostiene que los datos económicos responden a la realidad del servicio y niega haber inflado costes o ocultado ingresos.
Según la concesionaria, los gastos de mantenimiento se explican por el envejecimiento de las instalaciones y las necesidades reales de conservación, mientras que los resultados de la floristería estarían condicionados por factores propios del mercado y del funcionamiento específico del servicio funerario.
La compañía también mantiene que la información económica ha sido facilitada al Ayuntamiento conforme a las obligaciones contractuales y rechaza que exista falta de transparencia o irregularidades contables.
Contrato bajo escrutinio
La concesión de los cementerios municipales fue adjudicada en 1997 dentro del proceso de externalización de servicios públicos impulsado entonces por el Ayuntamiento bajo control del PP. Tras casi tres décadas de vigencia, la auditoría plantea ahora dudas sobre el modelo económico aplicado durante años.
El informe considera que el desequilibrio detectado no se debe a circunstancias externas imprevisibles, sino a decisiones de gestión adoptadas durante la explotación del servicio, una interpretación que la empresa niega.