El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lleva cuatro meses consecutivos incumpliendo la normativa de pago a proveedores. Entre marzo y junio de 2026, la administración municipal tardó una media de 69,30 días en abonar sus facturas, más del doble del plazo máximo de 30 días establecido por la legislación sobre morosidad para el sector público.
Los datos recogidos por la Intervención General reflejan que el periodo medio de pago del Consistorio se situó en 62,46 días en marzo, subió a 68,49 días en abril y alcanzó los 80,43 días en mayo. En junio descendió hasta los 65,83 días, pero se mantuvo todavía muy alejado del límite legal.
El ayuntamiento, por tanto, no logró cumplir la normativa en ninguno de los cuatro meses analizados. En el mejor de los casos, el registrado en marzo, necesitó más de dos meses para pagar a sus proveedores. En mayo, el peor periodo de la serie, el tiempo medio de abono se aproximó a los tres meses.
Casi 40 días más
La media de los cuatro registros mensuales alcanza los 69,30 días. Esto supone que el Consistorio tardó, de promedio, 39,30 días más de lo permitido en satisfacer las facturas contabilizadas durante ese periodo.
La situación ha obligado a la Intervención General del Ayuntamiento a formular una comunicación formal de alerta por incumplimiento del periodo medio de pago. El documento está firmado el 24 de julio por la interventora general, Noemí Naya Orgeira, en el ejercicio de sus funciones de control financiero.
Incumplimiento municipal
La alerta, sin embargo, es una consecuencia del retraso acumulado por la administración municipal. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que el órgano interventor debe actuar cuando una corporación local supera en más de 30 días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad durante dos meses consecutivos.
En este caso, el incumplimiento no se limita a los dos meses necesarios para activar el procedimiento. Los datos oficiales muestran que se prolongó durante marzo, abril, mayo y junio. Además, el periodo medio de pago se mantuvo siempre por encima de los 60 días, con una diferencia de más de 30 días respecto al máximo legal en cada uno de los meses.
Datos municipales
El informe se apoya en los datos de la contabilidad municipal y en la información enviada por el propio Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda a través de Autoriza, la herramienta de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales. La normativa obliga a las corporaciones locales a remitir y publicar periódicamente su periodo medio de pago, correspondiente al mes o al trimestre anterior.
El periodo medio de pago es un indicador que permite conocer cuánto tarda una administración en hacer frente a las obligaciones reconocidas con sus proveedores. La cifra global no significa necesariamente que todas las facturas se abonen exactamente en ese plazo, pero sí ofrece una fotografía del comportamiento general de los pagos municipales.
Advertencia anterior
La Intervención señala que ya había advertido de esta situación en sus correspondientes informes de control financiero. Ante la persistencia de los retrasos, formula expresamente la comunicación de alerta prevista en el artículo 18.5 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y ordena su traslado a las tres administraciones y órganos afectados.
El último dato disponible, correspondiente a junio, representa una mejora de casi 15 días respecto a mayo. Pese a esa reducción, el Ayuntamiento seguía tardando 65,83 días de media en abonar sus facturas, 35,83 días más del plazo legal. El descenso mensual no ha sido suficiente, por tanto, para corregir un incumplimiento que se mantiene desde marzo y que ha situado el promedio del cuatrimestre por encima de los 69 días.
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