A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria (ahora tribunal de instancia) ha ordenado una nueva batería de diligencias en la pieza separada número 5 del caso Valka, que afecta a la gestión del agua de riego en los parques y jardines de la capital grancanaria.
Con el objetivo de concretar el alcance económico del supuesto fraude y consolidar las pruebas antes de la apertura del juicio oral, el magistrado Rafael Passaro ha requerido formalmente a la Intervención del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la cuantificación exacta del quebranto sufrido por el erario público entre los años 2015 a 2022.
Dos diligencias clave
El cálculo realizado por la Guardia Civil a partir de los contratos y de la información contable intervenida apunta a más de 1,1 millones de euros, según el auto de transformación de sumario, pero el fiscal Javier Ródenas quiere que Intervención concrete el perjuicio detectado, y así lo ha ordenado el juez. El propio Ayuntamiento está personado en la causa como perjudicado.
Asimismo, el instructor ha acordado la citación en calidad de testigo del funcionario municipal Carlos Castro, una figura clave para apuntalar la tesis del Ministerio Público sobre la operativa utilizada por la trama para facturar sistemáticamente un volumen de agua de riego muy superior al realmente suministrado, según los indicios recabados durante la investigación.
Canalización paralela
La citación de Castro, responsable de la red de riego y del servicio de cubas en la Unidad Técnica de Parques y Jardines, persigue reforzar los indicios sobre cómo funcionaba la trama. Las investigaciones han puesto de relieve que el empresario investigado, Felipe Guerra, remitía periódicamente a Castro los correos electrónicos con las lecturas reales de los contadores instalados en la red.
Sin embargo, estos registros técnicos —esenciales para la correcta fiscalización del gasto— nunca llegaban a incorporarse a los expedientes administrativos oficiales. Anticorrupción sostiene que esta omisión deliberada o "canalización paralela" permitió validar de forma continuada y sin control facturas infladas con sobrecostes que rondan el 70%, al margen de los consumos reales medidos.
La declaración de Castro busca certificar qué destino o verificación se le dio a esa información que el Ayuntamiento dio por buena durante años sin auditar.
Las cubas de limpieza
En paralelo, el juzgado ha dado trámite a varias diligencias planteadas por la defensa de Inmaculada Medina, exconcejala e investigada en esta pieza separada junto al empresario Felipe Guerra y el funcionario Miguel Ángel Padrón, entonces jefe de Parques y Jardines y mano derecha de Medina en el servicio.
La defensa ha solicitado formalmente las certificaciones por suministro de agua de la empresa mixta Emalsa entre 2010 y 2024, así como las lecturas reales mensuales de los tomadores. En el caso de que esa documentación no esté incorporada a los expedientes, el letrado de Medina reclama una breve explicación de cómo se verifica y controla la realidad del suministro.
Nueva estrategia
La intención de esta diligencia, que ha sido autorizada por el magistrado en contra del criterio del ministerio público, es fiscalizar el suministro de agua destinado a las cubas empleadas en los servicios de limpieza viaria y baldeo.
El fiscal se opone porque Emalsa no es objeto de la investigación y su actividad no está relacionada con Guerra Patrimonial, que es la concesionaria del agua de riego en varios parques y jardines de Tamaraceite, donde se centran las pesquisas.
La defensa, en cambio, pretende comparar los mecanismos de control en ambos servicios, y acreditar que las abultadas cifras de consumo no responden a un fraude en el sistema de riego, sino al uso extensivo de este recurso para el mantenimiento e higiene de la capital grancanaria, tratando así de diluir la estimación del posible desfalco.
La recta final de la instrucción
Estas actuaciones se situarán entre las últimas diligencias de investigación que se practicarán en el marco de la instrucción. Tras confirmarse que el menoscabo económico global supera los 1,1 millones de euros, el instructor acordó recientemente la transformación de las actuaciones en procedimiento de sumario ordinario por un delito continuado de malversación de caudales públicos en su modalidad agravada, en concurso con falsedad, prevaricación y fraude a la administración, además de cohecho y blanqueo de capitales.
A la espera del resultado de los informes de la Intervención municipal, los consumos de Emalsa y las testificales pendientes, la causa encara así el trámite final de la fase instructora.
Una vez dictado el correspondiente auto de procesamiento y practicadas las indagatorias, la Fiscalía y las acusaciones formularán sus escritos de calificación provisional para sentar a los imputados en el banquillo ante un tribunal colegiado de la Audiencia Provincial de Las Palmas, donde se enfrentarán a penas que pueden alcanzar hasta los 12 años de cárcel.
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