El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha estado siete años seguidos sin fiscalizar las lecturas de los contadores de agua suministrada por la empresa Guerra Patrimonial. La documentación con los consumos ha sido recopilada por Parques y Jardines para mandarla al Juzgado de Instrucción número 2, que investiga un fraude en la facturación del servicio en el marco del caso Valka.
Las lecturas no estaban incorporadas a los expedientes administrativos investigados, sino que fueron aportadas en el juzgado por la adjudicataria del servicio, tras ser imputada por el magistrado y citarla a declarar para el próximo mes de febrero.
Juego de trileros
Con ese movimiento, Guerra Patrimonial quiere aclarar que no existen ilegalidades en su actuación: los metros cúbicos están en las facturas, estas se ajustan a las anualidades de los contratos y todo fue remitido por correo a Carlos Castro, responsable de la red de riego y de las cubas de agua en Parques y Jardines.
La empresa, además, alertó de pérdidas en la red. De ahí la pregunta del millón: ¿qué hizo Castro para verificar si esos consumos eran reales? Aparentemente nada, y ahí empiezan los problemas para el Ayuntamiento, que certificó y abonó la prestación del servicio sin fiscalizarlo de manera efectiva, dando por bueno lo presentado por Guerra Patrimonial.
Algunas de las facturas pagadas, además, no coinciden con el caudal de metros cúbicos suministrado, lo cual evidencia un sobrecoste del servicio que debió de ser detectado por el encargado de certificar los consumos.
Más indicios
Anticorrupción considera que entre 2015 y 2022 la empresa infló facturas con la complicidad municipal, porque desde ese último año, con la llegada de un nuevo equipo gestor, los consumos declarados y abonados descendieron de manera considerable. El supuesto fraude, según los cálculos iniciales de la Guardia Civil, podría llegar al millón de euros.
Por eso el delito principal que investiga el juzgado es malversación de caudales públicos en su modalidad agravada (superior a los 400.000 euros), pero también cohecho, entre otros.
Implicados
Los indicios apuntan a una confabulación entre el empresario y el jefe del servicio, Miquel Ángel Padrón, que recibió un préstamo de 400.000 euros para construir y explotar un complejo de viviendas vacacionales en La Palma.
Padrón, que también tenía una empresa con Felipe Guerra, ha sido suspendido tres años de empleo y sueldo por el Ayuntamiento. También se ha visto obligada a dimitir la concejala Inmaculada Medina, que era responsable de Parques y Jardines durante los años investigados.
Medina avaló con su firma el pago de las facturas, al tiempo que la Guardia Civil acredita una relación de amistad estrecha ente Guerra, Padrón y la entonces concejala, con la asistencia a cenas, comidas y fiestas en casa del empresario, a las cuales acudían jueces y abogados. Los tres están citados como investigados para febrero.
Novedad
No está imputado aún Carlos Castro, pero todos los indicios lo señalan: Guerra Patrimonial le mandaba a él los correos con las lecturas de los contadores.
A los investigadores les llama la atención que este empleado público no incorporase esa documentación al expediente municipal. Es más: nadie el Ayuntamiento se dio por aludido hasta que la defensa mandó los correos al juzgado.
A partir de ese momento, Castro reconoció la existencia de esa comunicación. Luego, en diferentes reuniones internas, trató de relativizar su posible responsabilidad, con el argumento de que los correos también iban dirigidos a otras personas y la empresa le ponía pegas para revisar los contadores. Él, sin embargo, es el encargado de la red de riego y las cubas.