El Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto una nueva línea de investigación en el caso Valka que compromete a Carlos Castro, responsable de la red de riego y el servicio de cubas de Parques y Jardines en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Castro es el empleado municipal al que el empresario Felipe Guerra enviaba los registros de los contadores del agua, que Parques y Jardines usaba para regar diferentes espacios públicos del distrito de Tamaraceite.
Contexto
El magistrado Rafael Passaro y la Fiscalía Anticorrupción investigan en esta pieza separada un supuesto fraude en la facturación del servicio que podría rondar el millón de euros, según los cálculos realizados por la Guardia Civil, que ha analizado los contratos adjudicados a la empresa Guerra Patrimonial entre 2015 y 2022.
Los agentes han encontrado indicios de delito en la certificación de los gastos en cuatro contratos, los cuales se corresponden con unas anualidades que rondan los 250.000 euros.
La tesis que el fiscal Javier Ródenas trata de acreditar apunta a un concierto de voluntades entre el empresario, varios funcionarios y la concejala Inmaculada Medina para desviar fondos y enriquecerse a costa del erario público. ¿Cómo? Mediante la confección de facturas a medida hasta agotar todo el presupuesto, las cuales eran justificadas luego con unos consumos de agua superiores a los reales.
Durante los siete años investigados, según Anticorrupción, nadie en el Ayuntamiento se preocupó de verificar las lecturas de los contadores.
Defensa
Los recibidos de esa actividad no figuran en los expedientes municipales, pero el abogado Sergio Armario, que defiende a Felipe Guerra, ha aportado al juez los correos que verifican la existencia de esas lecturas. Esos correos iban dirigidos a Carlos Castro, que es el responsable del agua en Parques y Jardines.
Con esa prueba sobre la mesa, el juez tendrá que citar a Castro como investigado por dos motivos principales: está obligado a preservar sus derechos frente al movimiento hecho por el empresario, y también debe aclarar si los consumos se verificaban de manera efectiva antes de abonarlos.
Descenso revelador
En ese contexto, Anticorrupción también ha movido ficha. Ródenas ha solicitado al Ayuntamiento los datos oficiales de los consumos mensuales de agua entre 2015 y 2025.
El fiscal extiende las pesquisas hasta 2025 porque en 2022 entró un nuevo equipo gestor y los consumos bajaron respecto a los años en los que supuestamente operaba la trama.
Esa diligencia también es importante para contrastar los correos de la defensa con la documentación municipal y cuantificar el perjuicio causado al Ayuntamiento. Entre los delitos investigados destaca malversación agravada de caudales públicos, esto es, superior a los 400.000 euros.
Préstamo
El juez también atribuye cohecho al empresario y al funcionario Miguel Ángel Padrón, que era jefe del servicio y mano derecha de Medina en Parques y Jardines. Guerra Patrimonial, que es la adjudicataria del agua de riego en Tamaraceite, concedió a Padrón un préstamo de 400.000 euros para construir viviendas vacacionales en La Palma. De ahí los indicios de ese delito.
La investigación ha forzado la suspensión de empleo y sueldo de Padrón, además de la dimisión de Inmaculada Medina como concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Expectación
Los tres están citados a declarar este mes de febrero. Será la primera vez que la acusación pública interrogue a la defensa tras ampliación de la denuncia original, concretándose las imputaciones formales, un trámite en el que Guerra Patrimonial tratará de acreditar la inexistencia del fraude.
A su favor tiene los correos con la facturación y los consumos enviados a Castro, un empleado público cuyo testimonio será clave para saber cómo se manejaba el agua en Tamaraceite.
En esos correos también se alerta al funcionario de varias fugas en la red de suministro. Ese argumento, sin duda, será usado por la defensa para tratar de desmontar que la facturación estaba inflada y, en síntesis, que no existe malversación porque el dinero percibido por Guerra Patrimonial se corresponde con el presupuesto autorizado.