El magistrado Rafael Pasaro ha ordenado al Servicio de Informática del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la extracción certificada de las comunicaciones electrónicas del funcionario Carlos Castro relacionadas con el agua de riego de la ciudad.
Castro no está imputado aún en la pieza separada del caso valka que investiga la gestión de Inmaculada Medina en Parques y Jardines, pero es el destinatario de los correos enviados por el empresario Felipe Guerra, que también iban dirigidos a Miguel Ángel Padrón, entonces mano derecha de Medina y jefe del servicio.
Contabilidad paralela
La medida busca verificar la existencia de una contabilidad paralela que habría permitido facturar consumos de agua muy superiores a los reales en perjuicio del erario público, recoge el auto dictado por el Tribunal de Instancia Nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria (Sección Instrucción).
La diligencia de investigación ha sido acordada a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal Javier Ródenas sostiene que el contratista remitía lecturas de contadores "auténticas" a través de un canal de comunicación paralelo al expediente oficial.
Estos datos técnicos, que son esenciales para la facturación, se habrían enviado a la cuenta corporativa de Carlos Castro y a la cuenta personal del jefe de servicio, evitando así que las lecturas reales se incorporaran a la tramitación administrativa formal.
Siete años de correos
La extracción de correos solicitada al Ayuntamiento abarca el periodo entre 2015 y 2022. El rastreo se centrará en términos clave como "lectura", "consumo", "m³", "contador", "riego", "suministro de agua", "la empresa FGG" y los cinco contratos bajo sospecha: 379/11, 456/13, 40/16, 220/19 y 324/2020.
También se reclama información del funcionario y su responsabilidad en el organigrama municipal, con especial énfasis en las comunicaciones con las cuentas personales de los investigados Guerra y Padrón. Este último, además de tener una sociedad con el empresario, recibió un préstamo de 400.000 euros para construir un edificio de viviendas vacacionales en La Palma.
Un agujero de un millón
Tras confrontar las lecturas reales halladas en poder del contratista con las facturas abonadas por el Ayuntamiento, existen diferencias de consumo de "enorme relevancia económica", detalla el auto judicial.
Juez y fiscal aprecian indicios de que la facturación estaba "sistemáticamente inflada", detectándose que el sobrecoste desapareció cuando se implantaron controles efectivos. Esto fue en la segunda mitad de 2023, entonces ya no estaban en Parques y Jardines Medina ni Padrón, sino la concejal Gemma Martínez, que está citada como testigo.
Ante estos indicios de cohecho y malversación agravada, entre otros delitos, el magistrado ha decretado el decomiso preventivo de un millón de euros. Esta medida incluye el "bloqueo inmediato" de cuentas y productos financieros de la mercantil Guerra Patrimonial FGG, así como de los investigados Guerra y Padrón.
12 cuentas bloqueadas
La medida preventiva afecta a seis cuentas del empresario y de FGG: tres en el Santander, dos en Cajamar y una en BBVA, además de otras seis a nombre de Padrón: una en el Santander, dos en Cajamar vinculadas a Flying La Palma, que es su empresa de explotación vacacional, dos en Ibercaja y una en Revolut Bank UAB España.
El auto justifica la intervención de las 12 cuentas bancarias y del correo corporativo del funcionario Castro porque existen "indicios objetivos" y no meras conjeturas del supuesto fraude. Para penetrar en estos canales de información, añade el magistrado, es necesario esclarecer "quién conocía realmente los consumos técnicos", los cuales servían de base para el pago con fondos públicos.
Passaro se apoya en el dictamen del fiscal, quien, a su vez, apela a la contabilidad b encontrada en la casa del empresario y a la facturación entregada en el juzgado. Según esos datos, solo en el mes de noviembre 2015, existe un sobrecoste pagado con dinero municipal de 28.348 euros.
Fraude sistémico
El sistema para ocultar el engaño, según Anticorrupción, era el siguiente: el contratista enviaba la lectura real, Castro y Padrón la recibían, este último en su cuenta de Gmail, no en la corporativa, y ninguno de los tres la incorporaba al expediente oficial.
Luego Padrón aprobaba facturas y certificaba consumos en metros cúbicos inflados. La cantidad final era el doble de lo realmente suministrado porque "falseaba los propios datos" que le entregaba Guerra.
Finalmente Guerra presentaba facturas y cobraba de la administración, con un "notorio sobrecoste" al declarar un consumo "muy por encima" del que consta en las lecturas “reales” remitidas por correo.
En ese contexto, la conducta de Castro, que recibía en su correo corporativo las lecturas reales sin incorporarlas al expediente contractual, "podría haber permitido la creación del fraude sistémico en la Unidad Técnica de Parques y Jardines", concluye el ministerio público, que ve indicios de cooperación necesaria en los delitos investigados: falsedad documental, malversación agravada, fraude a la administración y prevaricación administrativa.
Nada, en ese mecanismo defraudatorio, se dice de Medina, al menos más allá de que firmó facturas y participó en la tramitación de los expedientes investigados.