El magistrado Rafael Passaro, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha adoptado un nuevo paquete de medidas para impulsar el caso valka, cuyas ramas principales de investigación afectan a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa) y al servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Entre esas medidas destaca el decomiso preventivo de un millón de euros, cantidad que se corresponde con el dinero supuestamente defraudado por el empresario Felipe Guerra y el funcionario Miguel Ángel Padrón, ex jefe de Parques y Jardines y mano derecha de la concejala Inmculada Medina, que se ha dado de baja del PSOE y renunciado a su acta tras producirse su imputación en esta pieza separada.
Contexto de la trama
Anticorrupción y el juez instructor consideran que Guerra, Padrón y Medina actuaban de manera concertada para detraer fondos de los contratos que le fueron adjudicados a Guerra Patrimonial para proveer agua de riego al Ayuntamiento. ¿Cómo? Mediante facturas infladas que se presentaban todos los meses sin que se controlasen de manera efectiva los metros cúbicos suministrados y abonados.
Los informes y cálculos de la Guardia Civil apuntan a un quebranto económico de un millón de euros. De ahí que el magistrado, a petición del fiscal Javier Ródenas, ordene el bloqueo de las cuentas de Guerra y Padrón hasta asegurar dicha cantidad. Ambos, además, tenían negocios comunes, como un préstamo de 400.000 euros que el empresario dio al funcionario para construir viviendas vacacionales en La Palma.
Interrogatorios
Los indicios acumulados contra los investigados son contundentes, pero ninguno está aún formalmente imputado, es decir, todavía no han sido interrogados en el juzgado. Padrón y Guerra están citados para el 17 de marzo, mientras que Medina y el funcionario Sergio González comparecerán tres días después.
El juez, tras las declaraciones, ha acordado audiencias de prisión. ¿Significa esto que Medina va a terminar encarcelada? No. ¿Significa que va a quedar en libertad sin cargos? Tampoco. Primero debe explicarse y defenderse, que es su derecho, y después hay que oír al fiscal y las defensas. Finalmente es el magistrado quien decidirá la situación personal de cada investigado.
Mensaje
Sí está claro que el fiscal tiene la intención de pedir medidas cautelares de peso, pues es el propio Ródenas quien se adelanta y pide la vistilla sin esperar al resultado de la declaración.
Invoca, además, el artículo 505.2 de La Ley de Enjuiciamiento Criminal, que está pensado para adoptar la "prisión provisional" o la "libertad provisional con fianza", según la redacción de dicho precepto, y no el apartado anterior, que está previsto para "libertad provisional sin fianza".
La estrategia o mensaje del ministerio público parece obvia: cárcel o fianza. Claro que el fiscal pide y el juez dispone y aún falta tomarle declaración de los investigados. Es, en cualquier caso, una estrategia procesal inusual o con pocos precedentes, porque lo habitual es pedir la comparecencia de prisión tras el interrogatorio.
Medidas menos graves
La prisión provisional, en cualquier caso, sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, siempre que no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad, a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la cárcel. Se trata de medidas económicas o de seguridad personal, como prohibir la salida del país, retirar los pasaportes o la obligación de comparecer en el juzgado de forma periódica.
Todo eso deberá valorarlo Passaro tras escuchar los argumentos de las defensas y del fiscal. Los delitos, eso sí, son graves y variados, entre ellos cohecho, falsificación y malversación agravada.
Geursa
El juez también ha decidido ampliar los delitos contra José Manuel Setién, Marina Más Clemente y Luis Pérez Cañón, en este caso en el marco de la investigación que se sigue contra Geursa.
Los tres están imputados por revelación de secretos, pero deberán volver a declarar por prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial, tráfico de influencias y malversación.
En esta parte de la causa se indaga en el acceso ilegal de Setién a los servidores municipales tras jubilarse de Geursa y del área de Urbanismo.