El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desalojará el próximo 21 de agosto —con el visto bueno de la justicia— al okupa que vive desde hace ocho años en el antiguo Colegio Carlos Navarro Ruiz. La corporación municipal, que ha intentado sacarlo de allí por distintas vías, emitió una resolución el pasado viernes donde da la orden definitiva con el objetivo de recuperar el espacio que acogerá la futura Universidad Popular del Cono Sur.
En el entorno se están llevando a cabo unas obras por parte de la empresa GRATEC —que han padecido varios retrasos— para habilitar los espacios exteriores de los edificios 2 y 3. Mientras, al Ayuntamiento no le ha quedado más remedio que batallar con la otra realidad que se da en las instalaciones: una ocupación irregular a la que ha intentado hacer frente, sin éxito hasta el momento, desde principios de 2024.
Falta de recursos
Ha sido complicado porque no han encontrado la manera de convencerlo para que se marche por su propio pie. Su delicada situación lo ha hecho aferrarse al viejo centro educativo como su hogar. Sin ir más lejos, el 24 de septiembre del año pasado la Policía Local se personó en el lugar y el hombre manifestó que no tenía intención de irse porque carecía de un lugar para vivir.
Pero la cosa no queda ahí. Expuso, además, que tampoco cuenta con los medios económicos suficientes para alquilar una vivienda. Los agentes acudieron tras una solicitud realizada un mes antes por el Servicio de Patrimonio con el objetivo de que comprobaran si los alrededores habían sido desalojados. La respuesta, como era de esperar, fue negativa al igual que en las ocasiones anteriores.
Autorización judicial
El primer revés llegó unos meses antes, el 1 de febrero. Aquel día, le entregaron un requerimiento de desalojo voluntario que se negó a firmar. “Manifiesta que no va a dejar su vida, que él ni su perro tienen a dónde ir”, recoge una diligencia que entregaron los agentes a la Concejalía de Presidencia y Hacienda —encabezada por Francisco Hernández Spínola, quien firma la resolución de desalojo a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy—.
A partir de ahí nada mejoró y han tenido que resolverse a través de los tribunales. El Servicio de Patrimonio trasladó el 9 de octubre de 2024 para solicitar la autorización judicial para la entrada en el inmueble, ubicado en el número 290 del Paseo de San José. “Todo ello, al efecto de poder efectuar el lanzamiento y tomar posesión de dicho inmueble a favor de este Ayuntamiento”, recoge el documento.
Urbanismo
El halo de esperanzas para el Consistorio llegó el pasado 8 de julio, día en el que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria dictó un auto donde permite el acceso al inmueble que es propiedad municipal. El plazo establecido es de dos meses a partir de la fecha en la que se envió la resolución y podrá llevarse a cabo tanto con las fuerzas de seguridad como con los servicios sociales competentes.
Merece la pena resaltar que un informe del Servicio de Urbanismo, elaborado el 21 de junio de 2024, señala que “existe una persona que pernocta en una de las edificaciones (...) que supone una amenaza para la conservación del conjunto protegido”. Además, se ha redactado el acondicionamiento de espacios exteriores en los edificios 1 y 5 incluidos en la anualidad de 2025.
El proyecto
El antiguo colegio Carlos Navarro es una instalación que el Consistorio pretende desde 2022 darle una nueva vida para convertirlo en la nueva Universidad Popular en el Cono Sur de la ciudad. El proyecto prevé que se puedan ofrecer más de 2.100 plazas. Habrá aulas adaptadas para los más de 100 talleres que podrán llegarse a impartir en su interior cuando sea una realidad.
También se pretende generar nuevas zonas verdes y la rehabilitación urbana. “Se presta especial interés a la accesibilidad, eliminando barreras, ajustándose por tanto a la ley de accesibilidad”, detalla la documentación previa donde se recoge la información técnica. La superficie afectada es aproximadamente de 3.500,00 m2.