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Basura, peligro e ilegalidad: desmantelan un mercado clandestino en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local cierra un punto de venta de objetos usados sin medidas de higiene ni seguridad en la zona del Puerto

M. Alonso

Actualizada:

Un mercado ilegal de venta de objetos usados en condiciones insalubres ha sido clausurado de inmediato en Las Palmas de Gran Canaria.

La Policía Local, a través de su Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC), ha desmantelado este punto clandestino ubicado en una antigua galería comercial de tres plantas, donde se acumulaban más de 100.000 productos en un estado de caos absoluto.

Riesgo sanitario

Durante la inspección, los agentes y una técnica municipal descubrieron pasillos bloqueados, patios interiores abarrotados y montañas de objetos apilados hasta el techo, dificultando cualquier tipo de acceso.

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Material apilado en el almacén intervenido por la Policía Local de Las Palmas. / AH

Pero lo más preocupante fue el sótano, donde se almacenaban miles de artículos en total oscuridad, sin ventilación y con un hedor insoportable que obligó a los inspectores a utilizar equipos de protección individual (EPIs).

Peligro de incendio

Además, el local no solo incumplía todas las normas de consumo –como la falta de facturas, etiquetado de precios o hojas de reclamaciones–, sino que también representaba un grave peligro de incendio.

La instalación eléctrica consistía en cables empalmados de forma rudimentaria, alargadores sobrecargados y regletas en mal estado, un escenario propicio para un cortocircuito con consecuencias catastróficas.

Sanciones de hasta 27.000 euros

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado el cierre inmediato del mercado clandestino, precintando el establecimiento y concediendo un plazo limitado a sus responsables para desalojar el material acumulado.

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Imagen del almacén clausurado. / AH

Por su parte, la Policía Local ha denunciado a los tres promotores de la actividad ilegal ante la Dirección General de Mercado y Consumo del Gobierno de Canarias, enfrentándose a sanciones que podrían alcanzar los 27.000 euros por incumplimiento de la normativa vigente.

Este operativo demuestra la tolerancia cero del consistorio ante negocios ilegales que ponen en riesgo la seguridad y la salud pública, al tiempo que refuerza los controles para evitar que este tipo de actividades proliferen en la ciudad.