La Audiencia de Las Palmas ha comenzado el juicio contra los socios privados de Emalsa con la testifical de Juan José Cardona, el alcalde que a finales de 2012 denunció las supuestas irregularidades en la gestión de la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas de Gran Canaria.
Esos 13 años han jugado en contra de la memoria del exregidor, que dejó la alcaldía en 2015, tras promover y autorizar la intervención de Emalsa para "aumentar el control público de la empresa", explicó durante su declaración.
Quebranto
El testigo pasó de puntillas por los datos técnicos de la intervención administrativa de la compañía, incluso evitó pronunciarse sobre si existió un perjuicio económico para el Ayuntamiento, pero sí concluyó que los "incumplimientos contractuales fueron claros y rotundos".
Esa indeterminación del daño económico fue celebrada por las defensas, aunque no le corresponde a Cardona pisar ese charco, sino a los técnicos nombrados para supervisar Emalsa y a los peritos que comparecerán en el juicio.
Eso sí. La fiscal de Delitos Económicos, Eva Ríos, apuró hasta el final su interrogatorio para despejar dudas. "No puedo afirmar que hubo un perjuicio, pero sí que hubo un incumplimiento de los contratos", zanjó Cardona sobre la cuestión del posible quebranto a las arcas públicas.
Socios y penas
En base a los informes municipales de control a Emalsa, la Fiscalía cifra en 23,4 millomes de euros el daño causado entre los años 2008 y 2012, según sus conclusiones provisionales. Pide penas de hasta seis años de cárcel para la mayoría de los 15 acusados, que entonces eran directivos o consejeros de Saur y Valoriza, los dos socios privados del Ayuntamiento, quienes crearon la filial Sercanarias para autoadjudicarse obras y servicios relacionados con la gestión del agua.
El ministerio público formula acusación por apropiación indebida continuada y, de manera alternativa, por administración desleal, delito que conlleva penas de cuatro años de cárcel, además de importantes multas y sanciones económicas. También intervienen el Ayuntamiento como acusación particular, el Comité de Empresa de Emalsa y la asociación cívica El sol sale para todos.
Denuncia
La declaración de Cardona, en síntesis, no arrojó luz para apuntalar esas conclusiones, pero sí para explicar el contexto y la motivación de su denuncia. Decidió remitir a la Fiscalía un dossier con noticias periodísticas porque las irregularidades eran "graves" y no logró reconducirlas en el seno del consejo de administración de Emalsa.
Entre esas anomalías destaca una transferencia de 1,3 millones de euros que Emalsa hizo a Sercanarias por la compra de una nave en Los Tarahales, una transferencia que coincidió en el tiempo con una sentencia favorable a los socios privados en el reparto de las acciones frente al Ayuntamiento.
Inflar precios
Sercanarias, además de ser creada por Saur y Valoriza, facturaba servicios de manera directa con Emalsa, sin que mediasen concursos públicos, lo que disparó las dudas sobre la legalidad de esas adjudicaciones.
Las primeras indagaciones realizadas entonces por el alcalde ponían en entredicho "la veracidad" de los servicios realizados por Sercanarias "y la proporcionalidad de los costes de esos trabajos con los efectivamente realizados", dijo Cardona en esta primera sesión del juicio.
Por eso creó un comité de reflexión o de expertos que posteriormente desembocó en la intervención administrativa, con el funcionario Rafael Bolívar al frente.
Críticas a Hidalgo
Cardona defendió la labor de Bolívar, que ya falleció y fue objeto de querellas y de ataques infundados por fiscalizar la gestión de Emalsa. También reprochó a su sucesor en la alcaldía, Augusto Hidalgo, que metiese los informes en un "cajón" y "echase por tierra todo el trabajo realizado" para poner orden en la empresa de aguas.
En cinco de esos informes, precisamente, se apoyan las acusaciones para llevar a juicio a los investigados.
Agua sin depurar
Bolívar, por tanto, no ha podido ratificar su trabajo, pero sí Juan Manuel Betancor Rodríguez, que participó en las labores de intervención junto a otros tres técnicos.
El testigo explicó que unos 8.000 metros cúbicos de agua sin depurar eran expulsados todos los días al mar por el emisario, lo que equivale a un tercio del total del agua a tratar en la ciudad.
Emalsa, además, cobraba la tasa sobre el agua suministrada, no sobre la depurada en términos reales, y tampoco se trataban los lodos.
Había, por tanto, un "déficit", con zonas de la ciudad en las que "no se estaba depurando", destacó el testigo. Esto, a juicio de la fiscal, ha motivado que Emalsa facturase unos 20 millones de euros de manera indebida, es decir, por un servicio que no se estaba prestando.
Saneamiento y pluviales
El técnico sostiene que también se detectaron incumplimientos graves en el saneamiento y la red de pluviales, pues al año había que limpiar unos 750 kilómetros de canalizaciones y solo se llegaba al 15 %.
Las limpiezas no eran "preventivas", sino "correctivas", lo cual aumentaba las incidencias y los riesgos de averías.
Asimismo se constató el mal estado de las galerías de servicios ubicadas en Luis Doreste Silva y Las Canteras, con un "mantenimiento deficiente".
Calendario y huelga
Para este miércoles está prevista que continúe la vista oral con la declaración de los otros tres técnicos que participaron en la intervención pública de Emalsa.
Hay señaladas una quincena de sesiones, aunque el calendario establecido puede verse alterado por las huelgas de jueces y de fiscales fijadas para los primeros días de julio.