A falta de la declaración de Inmaculada Medina, que está prevista para el 28 de abril, el juez del caso Valka dispone de nuevos datos relevantes respecto a la trama de Parques y Jardines en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Entre esos datos destaca un informe de Intervención que confirma la inexistencia de mecanismos de control efectivos para verificar los metros cúbicos facturados por la empresa proveedora. Las pliegos de los contratos establecen la obligación de aportar o exigir las lecturas de los contadores, pero esos documentos nunca fueron incorporados a los expedientes que están bajo sospecho (riego y tomaderos).
A eso hay que sumarla la declaración como investigado de Sergio González Cubas. Este funcionario, que sustituyó a Miguel Ángel Padrón en la gestión técnica de Parques y Jardines, ha reconocido en sede judicial que se "asustó" al observar el drástico descenso en los metros cúbicos de agua que se registraron tras la salida de Padrón y de la concejala Inmaculada Medina.
Nuevos correos
Al sospechar que las cifras facturadas anteriormente eran superiores al gasto real del servicio, González Cubas solicitó formalmente a la empresa Guerra Patrimonial las lecturas de los contadores correspondientes al periodo 2020-2022, que es cuando trasladan a Padrón a Limpieza y él asume la jefatura técnica. En la actualidad ha sido trasladado a Vías y Obras de manera temporal, previsiblemente hasta que se aclare su situación judicial.
La respuesta del contratista fue que no disponían de esas lecturas. Los correos de esa conversación han sido aportados al juez por el propio González Cubas. El investigado, que llegó a tener la consideración de testigo al inicio de las pesquisas, sólo respondió a la preguntas de su abogada, Pino López.
Una mentira desmontada
La investigación ha revelado que la respuesta de la empresa a Cubas fue una falsedad. En los registros realizados en 2024 en el domicilio y oficinas de Felipe Guerra, la Guardia Civil halló los listados de las lecturas que la compañía negó poseer.
Los investigadores sostienen que esos datos se enviaban de forma privada y exclusiva a Miguel Ángel Padrón. El objetivo de esta triangulación era evitar que las lecturas se incorporasen al expediente administrativo, evitando así que se descubriera el exceso de facturación para poder perpetuar el supuesto fraude durante años.
Los agentes también encontraron un contrato de préstamo del empresario a Padrón, que ascendía a 400.000 euros para construir un edificio de viviendas vacacionales en La Palma. Anticorrupción considera que ese negocio esconde un soborno y el blanqueo de los sobrecostes procedentes del Ayuntamiento.
Las sombras del funcionario
Para apuntalar su versión exculpatoria, Cubas ha entregado al juzgado los correos electrónicos en los que pide explicaciones a la empresa, pero su declaración se enfrenta a varios interrogantes que la justicia deberá aclarar, entre ellos si reaccionó de forma tardía e incompleta o es que realmente estaban todos compinchados.
Pese a las sospechas del funcionario, la reclamación de las lecturas se produjo en mayo de 2024, con la investigación judicial ya en marcha. Tres meses después, en agosto, se producen las entradas y registros policiales.
Además, cuando la empresa le negó los datos, Cubas no impulsó una revisión de las facturas ni del expediente. La investigación abarca siete años, entre 2015 y 2022, una etapa en la que Padrón lo decidía todo en Parques y Jardines.
Otro aspecto comprometedor es que González Cubas participó en la elaboración de los pliegos de condiciones técnicas de los contratos, es decir, era plenamente consciente de que exigir las lecturas de los contadores era una obligación contractual ineludible para verificar los consumos y autorizar el pago de dinero público.
El papel de cada cual
El avance del proceso deberá determinar si el funcionario fue realmente engañado por la trama liderada presuntamente por Padrón y Guerra o, en cambio, si su labor de control fue insuficiente frente a un fraude que se extendió de manera sistemática en el tiempo.
Ni Cubas ni Medina están imputados por cohecho y blanqueo, pero juez y fiscal consideran que existe un concierto de voluntades para perpetrar la supuesta malversación, que es el delito nuclear de la investigación.