La exconcejala Inmaculada Medina, tras dejar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el PSOE, comparece este viernes ante el magistrado Rafael Passaro por su implicación en la pieza separada del caso Valka que afecta a Parques y Jardines.
El juez y la Fiscalía Anticorrupción investigan un fraude en el suministro de agua de riego para la ciudad que podría rondar el millón de euros entre 2015 y 2022.
Estrategias distintas
A diferencia del empresario Felipe Guerra y el exjefe de Parques y Jardines Miguel Ángel Padrón, que se acogieron a su derecho a no declarar el pasado martes, Medina parece dispuesta a explicarse y aclarar su participación en los contratos bajo sospecha.
Eso, al menos, es los que dijo cuando anunció su dimisión a finales del año pasado: que se marchaba para preparar su defensa y dar las explicaciones oportunas llegado el momento, defendiendo su inocencia en el último pleno y aconsejando a la oposición que no dejasen de usar el "presunto".
En frente tendrá al fiscal Javier Ródenas, cuyas tesis principales han sido confirmadas de manera indiciaria por la Audiencia de Las Palmas, sobre todo respecto a la sospecha de cohecho y blanqueo de capitales entre Guerra y Padrón.
El empresario avaló al funcionario con un préstamo de 400.0000 euros sin que éste renunciase a llevar los contratos de agua que estaban a su cargo. Esa operación, a juicio del tribunal de apelación, es indicativa de una "ficción jurídica" que podría esconder un soborno, además de un mecanismo para darle apariencia de legalidad al exceso de agua facturada al Ayuntamiento.
Facturas y amistad
Medina no está imputada por ese préstamo ni por esos delitos, sino por firmar las facturas supuestamente infladas a favor de Guerra Patrimonial, así como por la relación de amistad que aparentemente existía con el empresario y el propio Padrón, su mano derecha durante los mandatos al frente del área de Servicios Públicos.
Los fotos de esas comidas y fiestas, a las que también asistían jueces y abogados, centrarán, sin duda, parte del interrogatorio, aunque lo más complicado para la defensa será desmontar las premisas técnicas sobre las que se asienta la investigación.
En apretada síntesis, el fiscal considera que Padrón manipuló los pliegos de los contratos para incrementar los metros cúbicos de agua y, al entrar un nuevo equipo en Parques y Jardines, la facturación bajó un 90 % porque empezaron a pedirse las lecturas de los contadores.
El pan y los peces
Medina, como máxima responsable del servicio, tendrá que explicar ese aumento y descenso del agua contratada. No será fácil porque los propios técnicos han declarado que las pérdidas de la red no justifican el exceso de facturación, aunque hay otras variables que podrían ponerse sobre la mesa para contextualizar la situación, entre ellas el uso del agua de Guerra Patrimonial para otras áreas municipales o periodos en los que no estuvieron vigentes los contratos.
Además, durante los siete años objeto de la investigación, el servicio de Intervención hizo su trabajo y revisó la facturación, corrigiendo los errores detectados sin advertir ningún tipo de fraude al respecto.
La posición de la exconcejala, por tanto, tiene defensa, aunque la teoría del fiscal apunta a que el engaño nace más abajo, es decir, con la ocultación de las lecturas reales de los contadores, y luego se perfecciona con las facturas firmadas por Medina para que se paguen.
Sin prisión a la vista
En cualquier caso, hable o no Medina, convenza o no al juez con sus argumentos, no parece probable la imposición de medidas cautelares más drásticas que las pedidas para Guerra y Padrón, como comparecer en el juzgado cada 15 días o la retirada del pasaporte para limitarles sus viajes al extranjero.
Los delitos investigados, en cualquier caso, son graves, entre ellos malversación agravada, prevaricación o falsedad de documentos públicos. A eso hay que añadirle el cohecho y el blanqueo en el caso del empresario y el funcionario, a quienes también se les han inmovilizado las cuentas y confiscado un millón de euros para neutralizar el supuesto beneficio ilícito, entre otras medidas preventivas.