El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha exigido a la alcaldesa, Carolina Darias (PSOE), "máxima transparencia y un esfuerzo informativo inmediato" tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que estima uno de los recursos presentados contra la ordenanza fiscal de la tasa de basura y la declara no conforme a derecho.

Suárez considera que el pronunciamiento judicial supone "un revés de enorme trascendencia" para el gobierno municipal, porque cuestiona los criterios utilizados para calcular y repartir entre los contribuyentes el coste del servicio. Según el portavoz nacionalista, la Sala aprecia deficiencias tanto en la cuota fija como en la parte vinculada a la generación de residuos, y concluye que la memoria económico-financiera no justificó adecuadamente la distribución de la carga tributaria.

"La Justicia viene a confirmar muchas de las advertencias que hicimos desde Coalición Canaria, como que no se podía imponer a la ciudadanía una tasa de casi 150 euros sin explicar de manera suficiente por qué se cobraba prácticamente lo mismo a realidades completamente diferentes", afirmó.

Piden que los vecinos sigan pagando por ahora

El edil reclamó que el Ayuntamiento informe públicamente sobre si presentará recurso de casación, si mantendrá el envío y el cobro de las liquidaciones, qué consecuencias tiene el fallo para los recibos ya abonados y cuál es la situación procesal de los otros recursos interpuestos contra la ordenanza.

No obstante, Suárez pidió no generar falsas expectativas y recordó que la sentencia no es firme. "Mientras el fallo no alcance firmeza y el Consistorio no acuerde suspender o modificar el procedimiento de cobro, los ciudadanos deben seguir atendiendo las liquidaciones y los plazos que les sean notificados", explicó. "No podemos decirles a los vecinos que dejen de pagar, porque eso podría provocar recargos y perjudicarles", añadió.

CC votó en contra de la ordenanza

Suárez recordó que Coalición Canaria votó en contra de la tasa porque, en su opinión, su diseño no distinguía adecuadamente entre quienes reciclan y quienes no, y establecía un recibo de 149,33 euros para la mayoría de las familias sin garantizar una mejora del servicio de limpieza.

"Nunca negamos que la legislación estatal obligara a los ayuntamientos a establecer un instrumento específico para financiar la gestión de los residuos. Lo que rechazamos fue el modelo elegido", puntualizó, antes de reclamar a la alcaldesa que comparezca con "una hoja de ruta jurídica, tributaria y presupuestaria" sobre el futuro del tributo.

El Ayuntamiento, que recibió este lunes la notificación de la sentencia, ha indicado que sus servicios jurídicos analizan el fallo y la posibilidad de presentar recurso de casación.