La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula la ordenanza de la tasa de residuos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha generado una duda inmediata entre miles de vecinos: ¿hay que seguir pagando la tasa de basura? La propia resolución judicial no responde expresamente a esa pregunta, por lo que, al menos por ahora, el escenario sigue abierto.
El fallo estima el recurso presentado por la Fundación Canaria Escuelas de Antúnez y declara que la ordenanza reguladora de la tasa no es conforme a Derecho, al apreciar deficiencias relevantes en la memoria económico-financiera que sirvió de base para fijar el tributo.
¿Qué ha anulado el TSJC?
La Sala no cuestiona que el Ayuntamiento pueda establecer una tasa por la recogida y tratamiento de residuos. De hecho, recuerda que la legislación estatal obliga a las entidades locales a implantar un sistema que permita financiar el coste real del servicio.
Lo que censura la sentencia es la forma en que el Consistorio justificó el cálculo y el reparto de esa tasa entre los contribuyentes.
Entre otras cuestiones, los magistrados consideran que la memoria económica:
- utiliza estudios realizados en Cataluña sin explicar por qué son representativos de la realidad de Las Palmas de Gran Canaria;
- no incorporó esos documentos al expediente sometido a información pública, impidiendo que pudieran ser examinados por los interesados;
- y no motiva suficientemente por qué se aplica una misma cuota fija a realidades tan distintas como viviendas, establecimientos comerciales o alojamientos turísticos.
¿Los vecinos dejan de pagar la tasa?
La sentencia no lo dice. El fallo judicial declara la nulidad de la ordenanza, pero no contiene un pronunciamiento específico sobre qué ocurre con los recibos ya emitidos, los que puedan emitirse en los próximos meses o las obligaciones de pago de los contribuyentes.
Por ese motivo, el efecto práctico de la resolución dependerá de varios factores jurídicos y administrativos, entre ellos:
- si la sentencia adquiere firmeza o es recurrida;
- cuál es la posición que adopta el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria;
- y cómo se ejecuta finalmente la resolución judicial.
¿Qué puede ocurrir ahora?
Tras conocerse la sentencia, el Ayuntamiento dispone de distintas opciones procesales y administrativas.
Entre ellas figuran la posibilidad de recurrir la resolución si concurren los requisitos legales o, en caso de que la sentencia llegue a ser firme, aprobar una nueva ordenanza que corrija los defectos señalados por el TSJC.
En paralelo, el Consistorio deberá decidir cómo afecta este fallo a la gestión de la tasa mientras la situación jurídica queda definitivamente aclarada.
La principal incógnita
La resolución supone un importante revés para la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento, pero no despeja por sí sola todas las dudas de los ciudadanos.
La cuestión que más interesa a los vecinos —si deben seguir abonando la tasa de basura y qué ocurrirá con los recibos ya emitidos o futuros— no queda resuelta expresamente en la sentencia, por lo que será necesario conocer los siguientes pasos que den tanto el Ayuntamiento como, en su caso, los tribunales si el procedimiento continúa.
Mientras tanto, la anulación de la ordenanza abre un nuevo escenario jurídico sobre uno de los tributos municipales con mayor impacto para los hogares y las empresas de Las Palmas de Gran Canaria, aunque las consecuencias prácticas del fallo todavía deberán concretarse.