El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha reiterado este jueves que su formación política tenía razón al señalar en abril de 2024 que debía ser el Consistorio quien elaborara el informe para acreditar si la capital grancanaria cumplía los requisitos para ser declarada zona tensionada.

La figura de ‘zona tensionada’, recogida en la Ley 12/2023, tiene un impacto directo sobre los precios del alquiler. Según expone Suárez en un comunicado, “en abril ya dejamos claro que el mercado inmobiliario de nuestra ciudad estaba tensionado, aunque nos sorprende que la propuesta municipal contemple la declaración de toda la ciudad y no de barrios específicos, lo cual consideramos un error”.

Falta de medidas a nivel municipal

Suárez ha destacado que existen importantes diferencias entre los barrios de Las Palmas de Gran Canaria. “La realidad de Guanarteme, Arenales o la zona Puerto-Canteras no es la misma que la de El Zardo, Escaleritas o San Lorenzo. Por eso, creemos que era necesario afinar esta solicitud antes de enviarla al Gobierno de Canarias”, explicó.

Desde CC critican que, mientras el Ayuntamiento solicita la declaración de zona tensionada, no se adoptan medidas de competencia municipal. Entre ellas, Suárez menciona la falta de agilización de licencias de obra, la ausencia de medidas para poner suelo a disposición del ICAVI (Instituto Canario de la Vivienda) para proyectos de vivienda social y la falta de control sobre el alquiler de corta duración, especialmente en la zona baja de la ciudad.

“La modificación de las normas urbanísticas del PGO en el pasado mandato permitió que edificios enteros se destinaran a vivienda vacacional, agravando el problema habitacional”, recordó Suárez.

El portavoz nacionalista subrayó la importancia de elaborar un informe detallado que identifique las zonas que pueden considerarse tensionadas, así como un plan específico para corregir los desequilibrios. Ahora que el informe está listo, Coalición Canaria espera la respuesta del Gobierno de Canarias.

El trabajo del Ejecutivo regional

Suárez también ha valorado positivamente las medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias frente a la emergencia habitacional. Recordó que el municipio puede implementar desde ya las disposiciones del Decreto Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, que facilita el uso de suelo para viviendas públicas y privadas.

“Es fundamental actuar sobre la oferta, además de establecer límites a los incrementos del alquiler en zonas concretas, aunque no de forma generalizada en toda la ciudad”, apuntó Suárez. Sin embargo, criticó que la alcaldesa, Carolina Darias, promoviera un acuerdo para inaplicar parte de estas medidas, calificándolo como una decisión difícil de entender.