La declaración de Las Palmas de Gran Canaria como zona residencial tensionada sigue generando enfrentamiento político. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró este martes en el Parlamento autonómico que, si la capital cumple los requisitos establecidos por la ley, el Gobierno regional aceptará la solicitud, aunque advirtió de que la medida "no va a servir de nada" para resolver los problemas de acceso a la vivienda.
Las declaraciones se produjeron durante una sesión de control al Gobierno en respuesta a una pregunta del diputado socialista Sebastián Franquis, quien acusó al Ejecutivo autonómico de situarse del lado de los intereses privados en plena crisis habitacional.
Franquis reprochó a Clavijo que actúe "como un medianero" de quienes se benefician de la situación actual del mercado de la vivienda, mientras miles de canarios encuentran dificultades para acceder a una casa en alquiler o compra.
Críticas a la Ley de Vivienda
El presidente canario respondió calificando de "un poco cínico" que el PSOE cuestione la política de vivienda del actual Ejecutivo tras lo que definió como el "fracaso absoluto" del anterior Gobierno autonómico en esta materia.
Clavijo insistió en que el principal problema es la falta de oferta residencial y volvió a cargar contra la Ley estatal de Vivienda, una norma que, a su juicio, ha provocado que numerosos propietarios retiren sus inmuebles del mercado del alquiler.
"La ley de Vivienda ha expulsado del mercado a cientos de miles de propietarios", afirmó el presidente, quien defendió que la solución pasa por aumentar la oferta de viviendas disponibles y agilizar los procedimientos administrativos.
Dos propuestas al Estado
Durante su intervención, Clavijo planteó dos medidas que, según aseguró, contribuirían a aliviar la crisis habitacional.
La primera sería la derogación de la Ley estatal de Vivienda. La segunda, la implantación del silencio administrativo positivo en las solicitudes de licencias urbanísticas, de forma que determinados trámites puedan desbloquearse automáticamente si la administración no responde en plazo.
Según explicó, facilitar la construcción de nuevas viviendas es la vía más eficaz para reducir la presión sobre los precios.
Críticas al Ayuntamiento
El presidente también cuestionó la gestión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria respecto a la solicitud de declaración de zona tensionada.
Clavijo aseguró que el Consistorio lleva más de un año anunciando esta medida, pero sostuvo que "no han sido capaces de presentar" toda la documentación necesaria hasta marzo de este año.
En tono irónico, añadió que quizá el gobierno municipal "se ha puesto nervioso porque se acerca la campaña electoral".
La declaración de zona residencial tensionada permitiría aplicar mecanismos previstos en la Ley estatal de Vivienda para intervenir sobre los precios del alquiler en determinadas circunstancias.
Mientras el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria defiende que la ciudad cumple los requisitos establecidos por la normativa estatal, el Gobierno de Canarias mantiene sus dudas sobre la eficacia de la medida y apuesta por incrementar la oferta de vivienda como principal respuesta a la crisis habitacional que atraviesa el archipiélago.