La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha dictado un auto que respalda la instrucción del denominado caso Valka. En una resolución fechada el 26 de febrero de 2026, el magistrado ponente Secundino Alemán desestima el recurso de la defensa contra la ampliación de la investigación en la pieza separada número 5, que afecta al área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y confirma que existen indicios suficientes para indagar delitos de cohecho y blanqueo de capitales.
Un préstamo bajo la lupa
El eje de la resolución se centra en una operación financiera que la defensa del empresario Felipe Guerra intentó presentar como un movimiento ordinario, pero que para la Sección Primera de la Audiencia presenta tintes de criminalidad.
El tribunal califica la "operación de préstamo" como "una ficción jurídica que parece ocultar un delito de cohecho al tiempo de aparentar regularidad en el tráfico económico de unas cantidades procedentes de una provisoria actividad delictiva". Esto, añade la resolución judicial, "conduce al blanqueo”.
Sin excesos
La Audiencia de Las Palmas también rechaza que se trate de una "investigación prospectiva", es decir, sin base real y enfocada a encontrar cualquier cosa contra los imputados, pues los hallazgos obtenidos durante la instrucción justifican "sobradamente" la ampliación de las pesquisas.
Según el ponente, existe una “sospecha seria y fundada” que obliga a la justicia a actuar.
Versión "sesgada e interesada"
El auto es especialmente duro con la estrategia de los investigados, que pretendían frenar la investigación ofreciendo explicaciones alternativas antes de que se practicaran las pruebas. El magistrado Secundino Alemán tilda la visión de la defensa de “precipitadamente simplista, sesgada y obviamente interesada”.
Para llegar a esa conclusión, el auto pone el foco en la relación entre los protagonistas de la transacción. El receptor del préstamo es el funcionario público Miguel Ángel Padrón, quien, en el momento de recibir los 400.000 euros era el jefe de Parques y Jardines, mientras que el empresario, además de emisor del dinero, era un contratista habitual del Ayuntamiento.
Padrón, por tanto, tenía "intervención directa y capacidad de control" sobre los contratos de suministro de agua adjudicados a Felipe Guerra.
Casualidad o soborno
La Audiencia de Las Palmas considera difícil de creer que las condiciones "tan ventajosas" de dicha operación obedezcan a la "mera casualidad". Por eso es necesario determinar si se trata de una operación transparente o “no hace más que encubrir una dádiva que da lugar a un cohecho", es decir, una "dinámica contractual que trata de hacerse pasar por una simple inversión para incorporar al tráfico económico los réditos obtenidos de un hecho delictivo”, destaca el auto judicial.
Tanto Padrón como Guerra fueron citados este martes por el magistrado Rafael Passaro para interrogarlos por esos hechos, pero ambos se acogieron a su derecho a no declara. Entre la documentación hallada por la Guardia Civil en los registros figura el contrato del préstamo y varios recibidos con las mensualidades. En total, más de 400.000 euros para que Padrón construyera un edificio de viviendas vacacionales en La Palma.
Ante el silencio de los investigados y la gravedad de los hechos, Anticorrupción solicitó al juez la retirada de los pasaportes y la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días para firmar, petición a la que se han opuesto las defensas al considerar que no existe riesgo de fuga.
Respaldo al instructor y al fiscal
La resolución de la Audiencia de Las Palmas no sólo revela la sintonía con las tesis del Juzgado de Instrucción y del Ministerio Fiscal, sino que califica sus criterios como “muy razonados y razonables”.
“Lo podríamos decir de otra forma, pero desde luego ni más claro ni más acertado”, sentencia el ponente para validar la decisión de seguir adelante con la ampliación de la pieza separada.
Inmaculada Medina
Con este auto, el tribunal despeja el camino para que el caso Valka siga profundizando en la presunta trama de corrupción, dejando claro que el derecho de defensa no puede servir para bloquear una investigación cuando existen evidencias de que la "apariencia de legalidad" podría ser solo un muro para ocultar delitos graves contra la administración pública.
La siguiente diligencia de investigación es la declaración este viernes de Inmaculada Medina, quien, tras verse imputada por la firma de las facturas pagadas a Guerra Patrimonial, renunció a su acta de concejala, dejó el Ayuntamiento y se marchó del PSOE.
La tesis de Anticorrupción es que existía un concierto de voluntades para detraer fondos públicos mediante el pago de sobrecostes no justificados del agua suministrada, con un perjuicio para el patrimonio municipal que podría rondar el millón de euros. De ahí que uno de los principales delitos investigados sea la la malversación de caudales públicos en su modalidad agravada, entre otros.