¿Debió Inmaculada Medina y el funcionario Padrón abstenerse en los expedientes administrativos de Guerra Patrimonial? La pregunta fue planteada este miércoles a los testigos en los interrogatorios de la pieza separada del caso Valka que afecta al área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Comparecieron la concejala de Parques y Jardines, Gemma Martínez, el jefe de Mantenimiento, Víctor Alonso, y el anterior director de los Servicios Públicos, Bruno Naranjo, que en la actualidad desempeña el cargo de jefe de los servicios jurídicos municipales. Era, por tanto, el testigo ideal para aclarar si, entre 2015 y 2022, Medina y Padrón incumplieron su deber de abstención en la contratación municipal con Felipe Guerra, cuya empresa suministraba agua de riego para los jardines y parques de la capital grancanaria.
Vínculos y relaciones
Medina, en esos años, era concejala de Servicios Públicos, y Miguel Ángel Padrón, además de jefe de Parques y Jardines, su mano derecha en la gestión municipal. Ambos tenían un vínculo personal con Felipe Guerra, según revelan los mensajes y las fotos recuperadas por la Guardia Civil, que encontraron en los móviles grupos de wasap con la entonces concejala, abogados y jueces.
El más significativo de esos grupos se llama El martes comemos. Su contenido revela una intensa vida social entre concejala, funcionario y empresario, con comidas, viajes y eventos que trascienden lo estrictamente profesional, entre ellos la celebración de una comunión en la finca de Guerra.
El Artículo 23 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público obliga a cualquier autoridad o personal al servicio de las Administraciones a abstenerse de intervenir en un procedimiento cuando tengan amistad íntima con cualquiera de los interesados.
Indicios
Medina y Padrón, a pesar de esta cercanía, participaron activamente en los expedientes que beneficiaron a Guerra Patrimonial FGG SL mediante los contratos de agua.
La firma para abonar las facturas supuestamente infladas por el empresario en connivencia con el funcionario es lo que podría comprometer a Medina, que está citada como investigada para el próximo 20 de marzo. Antes, el 17, será el turno de Guerra y de Padrón.
Ambos, además, eran socios en una empresa de jardinería, y, al margen de ese negocio, compartían una relación financiera en la que Anticorrupción ve indicios de cohecho, pues el empresario prestó al funcionario 400.000 euros para construir un edificio de viviendas vacacionales en La Palma, todo mientras su empresa giraba las facturas sin que Parques y Jardines comprobase las lecturas reales de los contadores.
Sanción reveladora
El propio Padrón, de hecho, ha sido suspendido tres años de empleo y sueldo en el Ayuntamiento por vulnerar su deber de abstención.
Anticorrupción, tras los grupos de wasap hallados por la Guardia Civil, trata de extender esa relación íntima a Medina. De ahí que se le preguntase a Naranjo si es legítimo conformar facturas para el empresario y disfrutar de su amistad en esos círculos.
Según las fuentes consultadas, el testigo respondió con la dosis de ambigüedad habitual en estos casos: admitió que no son compartimientos compatibles con el ejercicio de la función pública, pero matizó que una foto y un grupo de wasap tampoco prueban por sí mismos una relación de amistad que trascienda lo profesional.
Alcance
La trascendencia de esas comidas y amistades le corresponde aclararla al juez Passaro durante la instrucción. Su relevancia no es solo ética, sino penal: si se acredita que omitieron deliberadamente su deber de abstenerse para favorecer al empresario podrían ser acusados de prevaricación administrativa o tráfico de influencias.
Los informes de la Guardia Civil apuntan que Padrón no solo era amigo del empresario, sino que habría actuado como socio en la sombra, como revelan la sociedad en común y el contrato de préstamo hallado entre la documentación intervenida. Esto, más de las cenas, lo viajes y las comuniones, motiva por sí mismo que su abstención en los contratos fuera legalmente imperativa. Falta por ver su alcance con respecto a Medina.
Delitos
El magistrado Rafael Passaro investiga delitos de malversación de caudales públicos (con un perjuicio agravado superior a los 250.000 euros), prevaricación administrativa, falsedad en documento público, fraude a la administración y cohecho.
Anticorrupción considera que entre 2015 y 2022 se produjo un fraude sistemático en la facturación del agua de riego del municipio, con un quebranto para las arcas públicas que ronda el millón de euros.