El Comité de Empresa de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos del Órgano Especial de Administración del Servicio Municipal de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas, fue testigo, como el resto de la ciudadanía, de las noticias publicadas ayer en distintos medios a raíz de una rueda de prensa en que la alcaldesa, Carolina Darias, anunciaba su intención de formalizar una contratación de emergencia del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.
La alcaldesa lo hacía tras presentar el correspondiente expediente en la Junta de Gobierno Local el día anterior. Visto lo publicado y visto el expediente presentado a la Junta, el Comité se ve en la necesidad moral de dirigirse a la ciudadanía a través de los medios para denunciar públicamente graves irregularidades y negligencias en este proceso, así como para aclarar algunos aspectos que han sido deliberadamente tergiversados.
No hay informes técnicos del servicio
No hay ni un solo informe en el expediente que esté elaborado y firmado por alguno/a de las técnicas o técnicos del Servicio. Los distintos informes “técnicos” que aparecen están todos firmados por la misma persona, Alejandro Olarte Suárez, jefe de grupo de limpieza viaria (por readscripción provisional) y de recogida de residuos (por sustitución provisional), C1, agente de inspección, que no es bajo ningún concepto un técnico habilitado para expedir los informes requeridos por el procedimiento.
Respecto a la totalidad del expediente, no está firmado por ningún funcionario o funcionaria de carrera. Como el gerente no lo es y, dada la seriedad e importancia del asunto, ha de existir en su tramitación la garantía aportada por uno/a, ha acudido erróneamente (otra vez) a la firma de una interina que trabaja de forma provisional en el Servicio y que, obviamente, desconoce las limitaciones legales de su situación y la responsabilidad en que incurre al firmar.
Así, los únicos informes técnicos que aparecen en el expediente son los de Salud Pública y la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento.
Informe de Salud Pública
Respecto del informe de Salud Pública, hemos de decir que esa unidad administrativa se ocupa de la salud de la población a través del control de las zoonosis, que son las enfermedades o infecciones que se dan en los animales y se transmiten a las personas.
Lo único que señala —como es de esperar— este informe es la implicación fundamental de la gestión de los residuos urbanos en la salud pública, ya que “además de contaminar el aire, el suelo y el agua, en su fracción orgánica son fuente de vectores y plagas portadoras de numerosas enfermedades”.
Nada que no supiéramos. Quizá convenga recordar que el control de la zoonosis por parte de esta unidad administrativa no ha contado con un contrato público de control de plagas durante muchos meses, circunstancia que sí ha puesto en grave riesgo la salud de la población, hasta que se han visto en la obligación de actuar por la presión de las quejas relativas a la proliferación de roedores y cucarachas.
Por supuesto, para la elaboración de este informe, la jefa de sección de Salud Pública se basó en los “informes técnicos” del jefe de grupo de recogida y de limpieza del Servicio.
Informe de la Asesoría Jurídica
Vamos ahora con el informe de la Asesoría Jurídica, a la que también se le remiten esos “informes técnicos” del jefe de grupo. Esta se limita a concluir, basándose en la legislación y en el panorama apocalíptico planteado por los “informes técnicos”, que “no concurren obstáculos de legalidad que impidan la validez de la opción por la gestión indirecta en diversos barrios de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siempre bajo la premisa de que dicha forma de gestión resulta la más adecuada para salvaguardar la continuidad de un servicio esencial, preservar la salubridad pública y asegurar la calidad de vida de la ciudadanía”.
Lo lógico. Dudamos mucho que la respuesta hubiese sido la misma si la directora general de la Asesoría hubiese sabido quién y cómo se habían hecho esos informes.
Los 'informes' del jefe de grupo
Cuando entró en vigor la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio en marzo de 2021, se adoptaron los usos y costumbres de provisión de puestos propios de la Administración y la función pública, y se suprimieron las elecciones de cargos a dedo y todos los cachanchaneos asociados.
Pero eso fue solo sobre el papel. En realidad, como no se había “previsto” (en dos años) que regresarían a sus auténticos puestos los jefes y jefas elegidos a dedo y se quedarían vacantes las nuevas jefaturas, hubo que admitir la concesión de dejar que determinadas personas continuaran “mandando”, eso sí, de forma totalmente provisional y con el compromiso de sacar esas plazas en la oferta de empleo público siguiente.
Uno de esos casos fue el de Alejandro Olarte Suárez, que pasó a ser readscrito provisionalmente como jefe de grupo de limpieza viaria. Lejos de sacar a concurso esa plaza, se le dio también, por sustitución, la de jefe de grupo de recogida, y después la de jefe de grupo de mantenimiento de instalaciones, también por sustitución.
Cuatro años y medio después, todas esas plazas siguen sin cubrirse de forma legal, y el gerente del Servicio se niega a sacarlas siquiera a promoción interna.
Continuó también este jefe de grupo con la práctica absolutamente alegal de ofrecer a dedo los cargos intermedios, sin ningún proceso ni documento que lo respaldara, y con la condición de que, para cobrar el trabajo, la persona elegida había de demandar y él se presentaría de testigo a su favor.
Esta práctica contó desde el principio con el beneplácito del gerente y del concejal delegado de Limpieza.
Asegura el comité que se organizaron rebosos en barrios concretos para justificar una emergencia sanitaria, realizando entregas puntuales de zonas a FCC y simulando acumulaciones de basura con fotografías que luego se incorporaron a los informes técnicos del expediente.
El absentismo
Aquí hay que irse a la figura del gerente, Antonio Marcelino Santana González, del que este Comité ha dicho en varias ocasiones que se caracteriza por una incompetencia manifiesta.
En los distintos “informes” se habla del alto porcentaje de absentismo como uno de los factores que determinan la necesidad de acudir a esta contratación de emergencia.
El comité aclara que el absentismo está justificado en su mayoría por bajas médicas, vacaciones y permisos legales, y critica que se dé una visión negativa de los permisos de conciliación familiar.
Además, recuerda que el gerente no ha sabido tramitar contratos temporales pese a haber anunciado la previsión en diciembre de 2024. “Se pretende utilizar para justificar una contratación algo que ha sido provocado por el mismo órgano que contrata”, denuncian, y acusan al Ayuntamiento de encubrir su falta de diligencia con un procedimiento de urgencia.
Empresa pública
El concejal delegado de Limpieza, Héctor Alemán Arencibia, afirma en la rueda de prensa que este nuevo instrumento servirá de transición hacia un modelo de empresa pública de limpieza.
El comité recuerda que el anterior concejal, Mauricio Roque González, inició en marzo de 2025 un expediente para determinar la mejor forma de gestión del servicio, que debía incluir una memoria justificativa del asesoramiento recibido y ser objeto de obligada publicidad, conforme al artículo 85.2 de la Ley 7/1985 de Régimen Local.
Aseguran que, seis meses después, el comité no ha recibido información ni ha sido consultado.
Añaden que solo una de las fórmulas de gestión posibles es legal, y que no es la empresa pública, ya que esta implicaría que los trabajadores dejarían de ser empleados municipales y perderían las garantías del empleo público.
Reclamaciones ciudadanas
Las últimas doscientas páginas del expediente están compuestas por una relación de quejas ciudadanas recibidas durante el año en el Negociado de Control e Inspección.
El comité sostiene que los datos están sin analizar ni comparar, que muchas denuncias reflejan incidencias reiteradas o malas praxis del propio Servicio, y que se han usado “solo para hacer bulto” y justificar la emergencia.
En conclusión
Spínola tiene razón al decir que el actual servicio conserva “una forma organizativa obsoleta del siglo pasado”, pero —según el comité— de principios del siglo, “la que todavía mantiene viva la esencia del caciquismo y el clientelismo que siguen gobernando el Servicio, y que hace que la incompetencia, la mala gestión, la defectuosa organización, la negligencia y el cachanchaneo se vean no como lo que son, sino como oportunidades de negocio con lo público**”.
“En cualquier otro sitio, haber hecho lo que han hecho a lo largo de este año hubiese sido prueba suficiente de mala gestión y los hubiese puesto en la puerta de la calle como poco.”