Los trabajadores de recogida de residuos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria estudian ir por la vía penal contra el contrato de emergencia anunciado por el grupo de gobierno municipal para atajar la crisis de limpieza en la ciudad. Así lo explicó este jueves el comité de empresa en una reunión mantenida con el Partido Popular (PP) en el Consistorio.
Los empleados detallaron que han comenzado los contactos con su equipo de abogados para trazar la estrategia que seguirán en los tribunales. El motivo de su futura denuncia parte de que han encontrado presuntas irregularidades como que está firmado —dicen— por personas que no están habilitadas. Apuntan que debería haberlo hecho un técnico del servicio.
Quejas a FCC
Desde el comité de empresa destacaron que la alcaldesa, Carolina Darias, los ha culpado de la suciedad en la capital por el porcentaje de absentismo —causado, según la regidora, por las bajas laborales—. Ahora bien, incidieron en que el 61,55% de las quejas ciudadanas relacionadas con la limpieza corresponden a las zonas que gestiona la compañía FCC.
Pusieron sobre la mesa que 1.311 de las quejas que incluye el informe donde se justifica la necesidad del contrato de emergencia son de la parte que es responsabilidad de la empresa privada. Mientras, las otras 819 (el 38,45% del total) son de los sectores gestionados directamente con fondos propios. O, dicho con otras palabras, de los empleados públicos.
Vía penal
Los trabajadores apuntaron que, en realidad, el informe incluye 5.072 quejas. Pero, incidieron, la emergencia tiene que ver exclusivamente con la recogida de residuos, en concreto con los rebosos de contenedores no vaciados, especialmente en su fracción orgánica.
Volviendo a su intención de acudir a los tribunales, fueron tajantes: "Vamos a seguir por el lado judicial hasta el final". Subrayaron que están inmersos en el proceso dee seguir recopilando información y valoran —a menos que el abogado les indique lo contrario finalmente— ir por la vía penal.
Limpieza viaria
Además, lanzaron un guiño a sus compañeros de limpieza viaria, quienes esperan que se sumen también a la lucha porque a ellos el contrato de emergencia les afecta —señalaron— en un 80%.
Por otro lado, los empleados de recogida lamentaron que la alcaldesa haya puesto el foco en ellos ante el problema de limpieza: "Que nos pongan a caer de un burro porque hay muchas bajas y vacaciones es preocupante".
"Estrés y desgaste físico"
Ignacio Guerra, concejal del PP presente en la reunión, aseveró que "hay bajas en la plantilla por estrés, desgaste físico y desmotivación". Por su parte, los trabajadores se dirigieron también a Podemos y Nueva Canarias, los otros dos partidos que sustentan el gobierno municipal, para resaltar que "han apoyado este despropósito".
Jimena Delgado, portavoz de los populares en el Consistorio —quien también participó en la reunión—, explicó que desde su grupo están preparando el pleno extraordinario que han solicitado a la alcaldesa para abordar el asunto. "Ese día vamos a adquirir una serie de compromisos con la ciudadanía", sostuvo.
"Un montaje"
Los representantes del comité de empresa reseñaron, a modo de conclusión, que el contrato de emergencia "es un montaje para pagarle a FCC". Sobre los camiones de renting que se han anunciado, tienen la sospecha de que no serán para la parte pública por el tipo de modelo.
En cuanto a la huelga que han anunciado para los días 5 y 9 de diciembre, insistieron en que "no será para castigar a los ciudadanos". Además, señalaron que "es solo un primer paso" y que la presión puede continuar "si no se atienden las peticiones del comité de huelga".