La concejala de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina (PSOE), ha presentado su dimisión este lunes, apenas unos días después de que el juez instructor del caso Valka acordase su imputación por presunta malversación de fondos públicos, falsedad documental, prevaricación y fraude a la administración.

Medina debutó con Jerónimo Saavedra en 2007 y se consolidó con Augusto Hidalgo entre 2015 y 2023, etapa en la que accedió a un gran poder a través del área de Servicios Públicos, entre ellos Limpieza, Carnaval o Parques y Jardines, los cuales están investigados o al borde del colapso, como revela el contrato de emergencia adjudicado recientemente para adecentar la ciudad y evitar peligros de salud pública.

Herencia envenenada

Esa mala gestión no sólo pasa factura al gobierno de Carolina Darias, sino que compromete su integridad debido a las graves imputaciones realizadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. De ahí que este lunes Medina anunciase la entrega de su acta por "responsabilidad y respeto" al ayuntamiento, a su partido y a los ciudadanos.

Darias, el viernes, había sido todo lo clara que podía ser: "La situación es compleja", respondió a los periodistas tras conocerse la investigación a Medina. Era uno de esos mensajes políticos entre líneas, de esos que no dicen nada pero lo dicen todo, una manera de ganar tiempo para negociar la salida de una de las referentes en la estructura local socialista, con un granero de votos importante entre las familias del Carnaval y los barrios más populares, como Schamann o La Isleta. 

Y es que las repercusiones judiciales de la losa heredada eran cada vez más difíciles de gestionar. Además del caso Valka, con varias tramas vinculadas a Urbanismo o Parques y Jardines, la Fiscalía Anticorrupción investiga a la Sociedad de Promoción, empresa pública gestionada por Medina que se encarga de las fiestas y los actos culturales o promocionales más relevantes del municipio, entre ellos los carnavales.

Otra dimisión

Se trata de una investigación preprocesal, es decir, de la Fiscalía, no del juzgado, pero que se ha cobrado otra víctima: la coreógrafa y promotora cultural Natalia Medina. Su dimisión se debe a que estaba en el consejo de administración y sus empresas recibían adjudicaciones de la Sociedad de Promoción.

Otras líneas de investigación afectan a la organización y al gasto del Carnaval, con el uso masivo de la exclusividad artística para adjudicar los servicios de manera directa, no mediante concursos públicos de libre concurrencia, un mecanismo legal pero del que no se debe abusar.

El fraude del agua

Más graves parecen los indicios delictivos detectados en Parques y Jardines. Según Anticorrupción y el juez instructor, Medina ha podido actuar de manera coordinada con dos funcionarios para beneficiar a Guerra Patrimonial, un proveedor habitual que suministraba agua de riego para los jardines del municipio. ¿Cómo? Mediante la configuración de facturas falsas o confeccionadas a medida hasta agotar todo el presupuesto del contrato, sin recurrir durante siete años a los contadores para verificar el coste real del servicio. 

Uno de los funcionarios implicados, Miguel Ángel Padrón, era jefe del servicio y mano derecha de Medida: primero en Parques y Jardines y después en Limpieza.

Padrón, además, recibió un préstamo de 400.000 euros de Guerra Patrimonial, que le financió al funcionario la construcción de un complejo de viviendas vacacionales en La Palma. Juez y fiscal creen que ese dinero esconde un soborno, pues vinculan el sobrecoste de la facturación con el dinero supuestamente desviado de las arcas municipales.

Silencio

Sobre estos hechos no dijo nada Medina en la comparecencia celebraba para anunciar su renuncia al cargo. Fue un acto rápido, sin preguntas, en el que no estuvo Darias, pero sí el resto de sus concejales, además de José Eduardo Ramírez, que ahora milita en Primero Canarias.

Nadie de Nueva Canarias y nadie de Podemos, que son los socios de gobierno del PSOE. Al final, abrazos, un amago de aplauso y caras largas por la situación.

Libertad para defenderse

La concejala agradeció a los tres alcaldes socialistas que apostasen por ella (Saavedra, Hidalgo y Darias), justificando su dimisión por "responsabilidad y respeto" ante los hechos que se le imputan, aunque afirmó no haber recibido aún la notificación para comparecer en el juzgado.

Medina asegura que necesita "plena libertad para dedicarse a su defensa", y apela a su confianza en la Justicia para superar esta situación, pues asegura que ha actuado con "convicción, honestidad, rigor y compromiso" para defender el "interés general" y beneficiar a "nuestros vecinos y vecinas".

Crisis

La renuncia de Medina, una figura política con 18 años de trayectoria en el consistorio y edil clave del grupo de gobierno, abre una fractura importante en el Ayuntamiento, que deberá dar entada al siguiente de la lista y reajustar las áreas.

La oposición municipal, con el Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC) a la cabeza, había exigido con vehemencia el cese de Medina tras conocerse la petición de imputación de Anticorrupción y, posteriormente, el auto judicial.

La portavoz del PP, Jimena Delgado, manifestó que el caso "ha dejado de ser un problema de técnicos y funcionarios para convertirse en un problema político de primer orden", y criticó el "discurso de victimización" mantenido por la alcaldesa. Por su parte, el concejal de CC, David Suárez, calificó las pruebas de la Fiscalía de "demoledoras" y ya antes de la dimisión de la concejala, exigió a Darias que la apartara.

Ahora, la alcaldesa Carolina Darias se enfrenta al reto de reestructurar su gobierno, cubrir la baja de Medina y gestionar la presión política mientras el caso Valka sigue en fase de instrucción judicial.