La Fiscalía Anticorrupción sube la intensidad en su investigación a la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria por prevaricación y tráfico de influencias. Este miércoles, mientras el fiscal Javier Ródenas interrogaba a la portavoz municipal del Partido Popular (PP), la empresa pública aceptó formalmente la dimisión de la consejera Natalia Medina, que está investigada en calidad de sospechosa en las diligencias abiertas junto a la exconcejala Encarna Galván, el exgerente Agustín Díaz y la sucesora de éste, María Elena Rodríguez.
La portavoz de los populares, Jimena Delgado, acudió sin abogado porque es la denunciante del caso y compareció en calidad de testigo. Según las fuentes consultadas, el interrogatorio, que duró hora y media, se centró en las adjudicaciones realizadas a la empresa de Medina mientras era consejera.
Trayectoria
La coreógrafa, bailarina y promotora cultural entró en la Sociedad de Promoción en septiembre de 2019, un año después de ser nombrada Hija Adoptiva de Las Palmas de Gran Canaria, entonces con Augusto Hidalgo al frente del Ayuntamiento y Encarna Galván como presidenta de la Sociedad de Promoción, luego sustituida por Inmaculada Medina, que sigue en ese cargo.
Natalina Medina es natural de San Bartolomé de Tirajana, municipio en el que realizó el Festival Internacional Masdanza durante 25 años. En 2022, tras el covid, cuando ya era consejera de la Sociedad de Promoción, llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento para realizar el espectáculo en la capital grancanaria, donde se han celebrado tres ediciones y la cuarta está prevista para octubre de este año.
Su empresa, Qué tal Estas, ha recibido 1,3 millones de euros entre 2022 y 2024, tanto para Masdanza como para Across Hip Hop, otro espectáculo más pequeño sobre el que también tiene la exclusividad, según la denuncia del PP.
Conflicto de intereses
El fiscal se interesó en el interrogatorio por esas adjudicaciones y, sobre todo, por la doble condición de Medina, que era consejera de la Sociedad de Promoción y beneficiaria de los contratos.
La colisión de lo público con lo privado constituye para el ministerio público un conflicto de intereses que compromete a los gestores de la compañía. Por eso también están investigados el anterior gerente, su sucesora y Encarna Galván.
Tras el cese de Díaz por las irregularidades contables detectadas en la entidad, María Elena Rodríguez asumió la gerencia en septiembre de 2023. Desde entonces no sólo se vuelve a contratar a la empresa de la consejera para hacer Masdanza, sino que la propia Medina vota en 2024 a favor de aprobar las cuentas de 2023.
Dimisión
Hasta la denuncia del PP, nadie en el Ayuntamiento ni en la Sociedad de Promoción ha reparado en la incompatibilidad de Medina, que se ha visto forzada a dimitir ahora por la investigación de Anticorrupción.
La consejera presentó su dimisión por carta el pasado 10 de julio, justo cuando el fiscal recababa más información de la Sociedad de Promoción y ponía el foco en su empresa.
Las defensas
Los cuatro investigados, en sus declaraciones, han negado cualquier tipo de trato de favor, treta o influencia para favorecer los proyectos de la consejera.
Díaz, en líneas generales, responsabiliza a "la concejala" de la gestión de la compañía, o sea, a Encarna Galván, al tiempo que Natalia Medina entró en la sociedad con el apoyo también del PP, que ha apoyado sus espectáculos o presupuestos durante todos estos años.
Rodríguez, que es la gerente actual, resta importancia a la votación a favor de las cuentas en el Consejo de Administración, pues ese no es el órgano de contratación de la entidad, una competencia que suele estar delegada en la presidencia o en la propia gerencia hasta una cantidad.
Los cuatro han sido citados por la Fiscalía entre los meses de junio y julio, siempre con la mayor de las discreciones, porque se trata de diligencias preprocesales, es decir, se buscan primero indicios de delito para luego decidir si se interpone o no la correspondiente querella, una manera de trabajar que ha sido potenciada por Ródenas desde que está al frente de Anticorrupción en Las Palmas.
Archivo o denuncia
Los pasos que ha ido dando el ministerio público apuntan a que habrá caso y que se centrará en el asunto de la incompatibilidad. Las fuentes consultadas, sin embargo ven bastante defensa por dos motivos: el conflicto de intereses es una infracción administrativa que exige un plus de intencionalidad para convertirse en delito, y en ninguno de los controles internos municipales se advirtió de esa anomalía a los consejeros.
Otros temas que también flotaron en la comparecencia de Jimena Delgado fueron el Carnaval y las adjudicaciones a la promotora local Camino Viejo, aunque en menor medida, remitiéndose la portavoz popular a las diferentes ampliaciones de la denuncia inicial realizadas este último año.