Las organizaciones Derecho al Techo y Mi barco, mi casa han denunciado públicamente el desahucio previsto para este martes de la embarcación Claudine, atracada en la Dársena I del muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria, al considerar que no se trata de un problema técnico ni de un hecho aislado, sino de una operación de expulsión vinculada al proceso de privatización y reordenación del muelle.

Según explican ambos colectivos, la Autoridad Portuaria ha justificado el desalojo mediante un comunicado en el que alude a supuestos motivos técnicos relacionados con el estado del casco, el mástil, la seguridad o la flotabilidad de la embarcación. Sin embargo, denuncian que no existe ningún peritaje independiente, ni informes técnicos contrastados, ni se han ofrecido vías reales de subsanación o acompañamiento social a la persona afectada. A su juicio, estos argumentos actúan como una “coartada administrativa” para ejecutar un desalojo que “ya estaba decidido de antemano”.

La situación de Margarita

Las organizaciones ponen el foco en la situación personal de Margarita, la mujer que vive en la embarcación y que será desalojada. La describen como una mujer mayor, sola, sin red familiar ni asesoramiento, que, aseguran, nunca fue informada adecuadamente ni acompañada durante el procedimiento, ni puesta en contacto con otras personas del muelle que atraviesan procesos similares. Consideran que esta falta de información y apoyo ha sido clave para que el procedimiento haya avanzado hasta el desahucio.

Para Derecho al Techo y Mi barco, mi casa, el conflicto no comienza con el estado de una embarcación, sino con la aprobación de una normativa en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria que prohíbe vivir en embarcaciones deportivas, una decisión que señalan como exclusiva de este muelle y que coincide en el tiempo con el proceso de privatización de un espacio público financiado con dinero público. Desde ese momento, denuncian, se habría iniciado una estrategia de desalojo progresivo de personas que utilizan su barco como vivienda, sustituyendo derechos por procedimientos administrativos y expulsando a quienes no encajan en el nuevo modelo del puerto.

"Avisar no es proteger"

Los colectivos advierten de que el caso de Margarita no es una excepción y alertan de que este modelo puede extenderse a otros espacios. En este sentido, comparan el proceso con las prácticas de los fondos buitre, que —afirman— identifican un espacio, cambian las reglas y expulsan a quienes consideran un obstáculo, sin alternativas habitacionales ni cuidados.

Asimismo, critican que la Autoridad Portuaria haya reconocido que solo cuando Margarita manifestó verbalmente que no tenía alternativa habitacional se avisó “de forma preventiva” a los Servicios Sociales. Para las organizaciones, “avisar no es proteger” y comunicar un correo no sustituye la obligación de detener un desahucio cuando existe una persona mayor y vulnerable en riesgo.

Ante esta situación, Derecho al Techo y Mi barco, mi casa han realizado un llamamiento a la ciudadanía para tratar de frenar el desahucio. La convocatoria está prevista en el muelle deportivo, Dársena I, a las 9.00 horas, una hora antes de la ejecución prevista del desalojo, fijada para las 10.00 horas. Según insisten, “no es un problema técnico ni un caso aislado, sino un proceso de privatización y expulsión”.