El Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria ha vivido una jornada de tensión este martes. La Autoridad Portuaria, con el apoyo de la Policía Portuaria y una docena de agentes de la Guardia Civil, ha ejecutado la retirada del velero Claudine. En el interior de la embarcación permanecía su propietaria, una mujer de 71 años que se negó a abandonar el que ha sido su hogar durante los últimos años, a pesar de la orden de desalojo que pesaba sobre el navío.
La operación, impulsada por la dirección de la Marina, tenía como objetivo ejecutar el desahucio de la embarcación debido a que su amarre carecía de la autorización administrativa pertinente. Durante la mañana, el despliegue de seguridad impidió el acceso al pantalán mientras se realizaban las maniobras para izar y trasladar el barco a otro punto del recinto portuario bajo custodia de la autoridad, todo ello con Margarita en su interior, quien recibió el apoyo de una veintena de personas convocadas por diversos colectivos sociales.
Deterioro y seguridad
La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha justificado la actuación alegando razones estrictas de conservación, higiene y seguridad, desvinculando la decisión del uso residencial que la propietaria daba al barco. Según el organismo público, el Claudine presenta un deterioro estructural grave, careciendo de elementos esenciales para la navegación como el mástil y el motor. Además, los informes técnicos señalan daños en el casco, aluminosis y acumulación de residuos, lo que comprometía la flotabilidad y la seguridad del entorno portuario.
El ente portuario ha aclarado que el proceso administrativo comenzó en 2023, cuando se requirió a la propietaria la reparación de la nave. Ante el incumplimiento, se inició un procedimiento que culminó con una resolución judicial firme el pasado 17 de noviembre de 2025. El Juzgado autorizó la entrada y fijó la ejecución del lanzamiento antes del 17 de enero de 2026, al no haberse presentado alegaciones sobre vulnerabilidad en el plazo estipulado durante el proceso judicial de entrada en domicilio.
Situación de vulnerabilidad
La historia de Margarita ha movilizado a la sociedad civil. La mujer, natural de Asturias, se trasladó a Canarias dejando atrás su vida anterior para cuidar a su hijo, enfermo de cáncer. Tras el fallecimiento de este, adquirió el barco como refugio. Colectivos como Derecho al Techo y Mi barco, mi casa han denunciado que el desalojo se ha producido sin un acompañamiento social adecuado y sin una alternativa habitacional clara para una persona mayor en riesgo de exclusión.
Aunque la Autoridad Portuaria asegura que la propietaria comunicó verbalmente su falta de vivienda alternativa el pasado 18 de diciembre —hecho que no figuraba acreditado en el procedimiento judicial previo—, el organismo ha notificado la situación de manera preventiva a la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Por su parte, las plataformas de apoyo critican que la normativa específica del Muelle Deportivo, que prohíbe el uso de embarcaciones como vivienda, es una excepción en los puertos del Estado y sugieren que detrás de estas acciones podría existir un interés económico vinculado a la gestión del muelle.
Un traslado tenso
A pesar de la resistencia pacífica de la propietaria y la presencia de manifestantes que intentaron frenar la actuación, el operativo concluyó sin incidentes graves más allá de la tensión vivida en el pantalán. Los colectivos sociales insisten en que se han vulnerado las garantías mínimas al ejecutarse el lanzamiento sin mediación institucional efectiva, advirtiendo sobre las consecuencias irreversibles que este desalojo puede tener sobre la salud y el bienestar de la afectada.