Ejecutan el desahucio de Jennifer y sus dos hijos menores en Las Palmas de Gran Canaria

Momentos de tensión este martes en el barrio de Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria, durante la ejecución del desahucio de Jennifer, una madre con dos hijos menores de cuatro y 16 años. Agentes policiales han comenzado a retirar, al parecer con violencia, a las personas concentradas frente a la vivienda, que trataban de impedir el lanzamiento mediante una resistencia pacífica.

El desahucio se está llevando a cabo después de que el juzgado no haya considerado suficiente para detener el procedimiento el informe de vulnerabilidad elaborado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que fue emitido apenas media hora antes de la llegada de la comitiva judicial. Según denuncian las personas que acompañan a la familia, el documento había sido solicitado en dos ocasiones desde el pasado mes de julio.

En el lugar se encuentran efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y el Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA). La madre permanece en el interior de la vivienda, mientras que sus dos hijos menores de edad se encuentran en el colegio. La puerta continúa apuntalada y los agentes todavía no han podido acceder al inmueble, por lo que han trasladado hasta el lugar una radial y un ariete para intentar derribarla. Además, se espera la llegada de una ambulancia para atender a la afectada, mientras varias personas continúan en el interior de la vivienda.

Informe de vulnerabilidad a última hora

Según explican desde el entorno de la familia, la procuradora ha comunicado que el informe municipal no tiene carácter vinculante y que, por tanto, el lanzamiento puede continuar. Asimismo aseguran que desde el ámbito judicial se ha señalado al ayuntamiento como responsable de la situación. Por su parte, según estas mismas fuentes, Servicios Sociales había argumentado anteriormente que "no conseguía localizar a la madre" y ahora sostiene que "ya ha elaborado el informe correspondiente". 

La vivienda pertenece a un propietario que pretende vender el inmueble. Desde el entorno de Jennifer creen que podría tratarse de un gran tenedor, aunque este extremo no está confirmado. También aseguran que la madre ha mostrado su disposición a pagar un alquiler, pero que no ha podido hacerlo al no haberse formalizado un contrato.

Temor por el futuro de los dos menores

Las personas que apoyan a la familia advierten de las consecuencias que puede tener el desahucio para los dos niños, especialmente si no se consigue una alternativa habitacional.

Alertan de que los menores "podrían ver alterada su escolarización y sufrir las consecuencias emocionales" de perder su vivienda. Además, expresan su preocupación ante la posibilidad de que, si no se encuentra un alojamiento adecuado, "se pueda plantear una separación temporal de los niños y su madre".

Negociar una solución

Mientras tanto, las abogadas que intentan negociar una solución se han encontrado, según denuncian desde el entorno familiar, con "dificultades para intervenir en el procedimiento". Aseguran que no han podido acceder al expediente judicial ni presentar documentación porque su designación todavía no había sido tramitada ante el juzgado.

Las personas que acompañan a Jennifer consideran que esta situación supone "una falta de protección judicial para la familia" y mantienen su protesta pacífica ante la vivienda mientras continúa el operativo de desahucio.