El Gobierno de Canarias aseguró este lunes que no se ha negado a declarar Las Palmas de Gran Canaria como zona residencial tensionada, tal y como reclama el Ayuntamiento capitalino, pero insistió en que la decisión requiere un análisis “desde todas las aristas” para evitar agravar la situación del mercado de la vivienda.

El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello (CC), explicó tras el Consejo de Gobierno que el Ejecutivo autonómico está “terminando de estudiar los diferentes informes” sobre la capital. Recalcó que no hay evidencia clara de que limitar los precios del alquiler “haya provocado descensos”, y señaló que en algunos territorios se han registrado incluso incrementos tras la aplicación de estas medidas.

Un problema multifactorial

Cabello defendió que el debate debe situarse en un marco integral, que incluya factores como la gentrificación, la evolución de los precios, la regulación de la vivienda vacacional, el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes y la dificultad para obtener hipotecas. “El problema de la vivienda no se va a arreglar solo tocando una variable”, afirmó.

El Ejecutivo apuesta por recursos económicos, cambios normativos, prioridades claras y coordinación institucional para abordar el reto habitacional. Solo una vez culminado ese análisis global, avanzó Cabello, se valorará si procede limitar precios o declarar zona tensionada alguna área concreta.

Cabello advirtió de que una declaración precipitada podría generar efectos adversos: “Una sola variable puede producir un efecto en el resto y empeorar la situación final”. Por ello, insistió en que el Gobierno actuará con cautela y con una evaluación completa del problema antes de tomar una decisión definitiva.