La Audiencia Provincial de Las Palmas acogerá la próxima semana el juicio contra un tiktoker que grabó a un enfermo mental para reírse de él en la popular red social.
La Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación acusa al usuario de TikTok de un delito contra la dignidad de las personas en concurso contra la integridad moral. El ministerio público reclama una pena de dos años de prisión, 4.320 euros de multa y la inhabilitación durante ocho años para profesiones en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre.
Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía de Las Palmas, el procesado se topó con la víctima el 1 de noviembre de 2023, un enfermo mental que se había escapado del Hospital Militar Juan Carlos I de Las Palmas de Gran Canaria, donde llevaba ingresado de forma continua desde el año 2008.
El enfermo deambulaba por la calle con el pijama oficial del Servicio Canario de Salud.
Humillación en redes sociales
A pesar de ser plenamente consciente de la evidente patología psiquiátrica de la víctima y de que era un paciente hospitalizado, el acusado decidió grabarle un vídeo.
Con un claro "ánimo de humillación y burla", el tiktoker comenzó a instigarle para que imitara los sonidos de varios animales, espetándole frases como "haz el gallo venga haz el gallo", "el cerdo, el cerdo", "¿y cómo hace el caballo?" o "¿y el burro?". La víctima, debido a la grave enfermedad mental que padecía, accedió a reproducir los ruidos solicitados.
El acusado subió la grabación a su perfil de TikTok. El vídeo se difundió rápidamente por las redes telemáticas y, antes de que el Juzgado de Instrucción Número 5 ordenara su retirada cautelar en septiembre de 2024, el archivo sumaba 266 likes, había sido reproducido por 16.000 personas y compartido en 93 ocasiones.
Muy vulnerable
La víctima de las mofas sufría una situación de extrema vulnerabilidad: desde el año 1999 tenía reconocida una discapacidad del 78% a causa de una esquizofrenia paranoide, además de un grado de necesidad de tercera persona del 15%. Asimismo, desde 2014 se le había otorgado una situación de Dependencia Teodora II.
El afectado falleció en junio de 2024, meses antes de que se ordenara la eliminación del vídeo de internet. Al no dejar descendencia, sus tres hermanos —entre ellos su tutor legal— figuran como los herederos designados en la causa. La Fiscalía exige también que el acusado abone una indemnización de 6.000 euros en concepto de daños morales a los familiares del fallecido.
Agravante y antecedentes
El Ministerio Fiscal ha solicitado que se aplique la circunstancia agravante genérica de cometer el delito por razón de la enfermedad o discapacidad de la víctima.
La acusación pública destaca los numerosos antecedentes del acusado, a quien le constan cuatro condenas firmes previas dictadas entre los años 2011 y 2020 por delitos de tráfico de drogas, vejaciones leves y amenazas.