El Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, a petición de la Fiscalía, ha autorizado dos diligencias clave para determinar si hubo malversación en los convenios urbanísticos y las permutas suscritas con el empresario Felipe Guerra, que es investigado junto a la cúpula de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa) por supuesta malversación de caudales públicos.
La primera de esas diligencias es citar a Ana Fernández Palacios, que es la arquitecta técnica municipal de Geursa, con la finalidad de que declare como testigo-perito. Su aportación resulta "conveniente para arrojar luz" sobre la tramitación del proyecto de Expropiación Forzosa del Sector UZR-04, que se corresponde con Tamaraceite Sur, y en el que Guerra salió beneficiado en cuatro operaciones urbanísticas.
El magistrado y la Fiscalía quieren conocer los aspectos técnicos de la tasación conjunta que se hizo del suelo en 2012 para poder ejecutar dicha expropiación, así como las modificaciones introducidas en los convenios de ocupación y permuta suscritos con Guerra.
Prevaricación
El testimonio de la arquitecta será fundamental para aclarar si esas decisiones y valoraciones "tuvieron un soporte técnico legítimo" o, por el contrario, se adoptaron de manera arbitraria. Esto es necesario porque también se investiga un posible delito de prevaricación.
La otra diligencia consiste en realizar una pericial técnico-económica para cuantificar "con rigor" el eventual "perjuicio económico causado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por las permutas suscritas con las mercantiles vinculadas a Felipe Guerra", recoge el auto judicial.
La práctica de esa prueba, que ha sido acordada recientemente, deberá de realizarla una persona física o una empresa independiente a Geursa y el Ayuntamiento, las cuales deben ser expertas en la delimitación real de terrenos, tasaciones financieras y la valoración de fincas e inmuebles, incluidos proyectos de urbanización y expropiación.
Objetivo
La finalidad es acreditar la malversación "mediante el intercambio de suelo público a precios inferiores a los de mercado", con el consiguiente "beneficio desproporcionado" para el empresario.
En ese sentido, sólo una valoración "objetiva, independiente y especializada de las parcelas permutadas podrá ofrecer datos contrastables sobre la existencia y cuantía del posible quebranto patrimonial", añade la resolución judicial.
Cuatro operaciones
La Fiscalía de Las Palmas y la de Anticorrupción solicitan al juez que los peritos pongan el foco en cuatro convenios urbanísticos privados de permuta: parcela 59, única incluida en el sector UZR-04, con 342,77 metros cuadrados comerciales, suscrito el 26 de marzo de 2014; parcela 85 A, que está fuera del UZR-04, pero que Geursa adquiere a cambio de entregar a Guerra 726,09 metros cuadrados comerciales dentro de ese sector, firmado el 15 de mayo de 2017; parcela 70 B, que también está fuera del UZR-04 y por la que el empresario recibe 1.210,87 metros cuadrados de edificabilidad comercial dentro del sector, rubricado el 5 de agosto de 2020, y la parcela 16, que está parcialmente fuera del sector y no figuraba en el proyecto de expropiación del año 2006. Esta última pieza de suelo se crea en noviembre de 2020 con la unión de dos fincas del empresario. Recibe 290,27 metros cuadrados de aprovechamiento comercial, el convenio se firma el 9 de febrero de 2021 y Geursa obtiene la parcela 16-B (parcialmente dentro del ámbito UZR-04).
Conexión
Todas estas permutas están conectadas con la segregación de la finca registral número 66.808, que es el origen de la denuncia presentada en Fiscalía por la asociación de vecinos Rehoyas Avanza y, además, está relacionada con el Proyecto de Expropiación Forzosa del Sector UZR-04.
Este sistema urbanístico se aprobó para hacer viviendas sociales en Tamaraceite Sur, pero el empresario recibió compensaciones comerciales en un suelo distinto al fin previsto, según la línea de investigación abierta por el ministerio público, que trata de conectar la malversación con la prevaricación a través del proyecto de expropiación y la segregación de la finca matriz.
Fraude
Existen, en ese sentido, operaciones urbanísticas "poco razonables para el interés general" y "susceptibles de fraude". Como ejemplo, juez y fiscal citan la parcela 85-A. En esta operación, el empresario aporta 3.376.81 metros cuadrados de suelo y el Ayuntamiento le cede el 82 % de la parcela, pero luego Guerra vuelve a permutar dicha superficie a Geursa y ésta se la "vuelve a vender" al Ayuntamiento, que era el propietario de la misma desde el principio.
En esta causa, a parte de Felipe Guerra, están investigados en diferentes piezas separadas José Manuel Setién, que es amigo del empresario y coordinador de Urbanismo hasta su jubilación en 2023; Marina Mas, gerente de Geursa hasta su cese reciente; dos altos cargos más de la misma sociedad, Carlos Cabrera y Luis Pérez; el entonces jefe de servicio en Parques y Jardines, Miguel Ángel Padrón, y la propia Geursa como entidad jurídica propia.