El informe del Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas (COELPA) que concluye que Las Palmas de Gran Canaria no reúne los requisitos para ser declarada zona de mercado residencial tensionado está en el punto de mira de los colectivos de vivienda. La Acampada 26S de Gran Canaria, Derecho al Techo y Guanarteme se Mueve cuestionan la metodología utilizada en el documento y denuncian discrepancias en sus cifras, estimaciones que consideran insuficientemente justificadas y cálculos que, a su juicio, necesitan una revisión.
Las organizaciones han elaborado una guía de alegaciones para que la ciudadanía pueda participar en el procedimiento abierto por el Gobierno de Canarias. En ella recogen diferentes objeciones al estudio realizado por el Colegio de Economistas en colaboración con la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (VISOCAN), dependiente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad.
Diferencias en las cifras
Una de las primeras discrepancias que señalan aparece en el número de viviendas de la capital grancanaria en 2021. El informe recoge 175.181 viviendas en el cuadro dedicado al parque residencial y las viviendas vacías, mientras que en otros apartados utiliza la cifra de 175.203. Los colectivos consideran que esta diferencia debe aclararse y reclaman que se hagan públicas las fuentes, las fechas y las operaciones utilizadas para obtener los resultados.
También cuestionan cómo se han calculado los precios de compraventa atribuidos al Consejo General del Notariado en los distintos distritos. Según las alegaciones, el estudio no dispone de precios notariales observados directamente para todos esos ámbitos territoriales, por lo que parte de los valores publicados en Idealista y Fotocasa y aplica ajustes a partir de las diferencias con los datos notariales del conjunto del municipio.
La Acampada pone como ejemplo el distrito Isleta-Puerto-Guanarteme. Para 2024, los portales inmobiliarios ofrecen un precio medio de 3.376 euros por metro cuadrado, mientras que el informe sitúa la estimación basada en los datos notariales en 2.502 euros. Los colectivos sostienen que, aplicando otra corrección proporcional a partir de los promedios municipales del propio documento, el resultado sería de aproximadamente 2.682 euros.
Por ello, piden que se publiquen las fórmulas originales y se explique el método empleado. Su argumento es que ninguna de esas cifras constituye un precio de compraventa observado directamente en ese distrito.
El esfuerzo del alquiler
Otra de las principales críticas se centra en el porcentaje de ingresos que los hogares destinan al alquiler. El estudio del COELPA calcula que esta carga, incluidos los gastos básicos, representa el 24,12% de la renta neta media cuando utiliza los datos del Ministerio de Vivienda.
Sin embargo, al recurrir a los precios publicados en los portales inmobiliarios, el resultado cambia considerablemente: alcanza el 34,74% con Fotocasa y el 35,29% con Idealista. La media de ambos portales se sitúa en el 35,01%.
Los colectivos advierten de que los datos de alquileres registrados pueden incluir contratos firmados hace años, cuyas rentas no reflejan necesariamente el coste actual de acceder a una vivienda. Reclaman que se diferencien los contratos existentes, los nuevos alquileres realmente formalizados y los precios anunciados, ya que consideran que cada indicador mide una realidad diferente.
También cuestionan la estimación utilizada para calcular la evolución de los alquileres entre 2019 y 2024. Según la guía de alegaciones, el COELPA no disponía del dato ministerial observado para 2024 y recurrió a una estimación que arroja un incremento del 21,2%, frente a una inflación del 18,6%. La diferencia, de 2,6 puntos porcentuales, queda cuatro décimas por debajo del umbral de tres puntos que contempla la Ley estatal de Vivienda.
La documentación municipal, por su parte, utiliza un incremento del alquiler del 29,4% y una inflación del 19,69%. Los colectivos reclaman que se expliquen las diferencias entre ambos cálculos y los periodos utilizados antes de tomar una decisión sobre la declaración.
Dudas sobre las hipotecas
Las alegaciones también cuestionan la forma en que el estudio calcula el esfuerzo económico que supone comprar una vivienda mediante una hipoteca.
En uno de sus supuestos, el COELPA parte de un precio de 150.828 euros, añade 5.309 euros correspondientes a los intereses calculados al 3,52% y distribuye el resultado entre los 23,83 años que sitúa como duración media de los créditos hipotecarios en Canarias.
Con esa operación, el informe obtiene una carga hipotecaria anual de 6.552 euros y un esfuerzo del 22,80% de los ingresos medios. La Acampada considera que este procedimiento necesita una explicación más detallada, ya que una hipoteca habitual se devuelve mediante cuotas periódicas que incluyen intereses durante toda la vida del préstamo.
Por ello, solicita que se repitan los cálculos con un sistema de amortización hipotecaria y distintos escenarios de financiación, teniendo en cuenta el porcentaje del precio que aporta el comprador, el plazo y el tipo de interés.
Cuestionan la independencia
Más allá de los cálculos, los colectivos plantean dudas sobre los controles de independencia aplicados durante la elaboración del estudio. En su guía mencionan antecedentes profesionales de algunas personas relacionadas con el informe y con VISOCAN, así como vinculaciones anteriores con entidades del ámbito inmobiliario y de la construcción.
No obstante, la propia Acampada puntualiza que estos antecedentes no demuestran que existiera un conflicto de intereses durante la elaboración del documento ni que se manipularan sus resultados. Lo que reclama es conocer cómo se seleccionó el equipo, qué declaraciones de intereses se presentaron, quién supervisó el trabajo y qué medidas preventivas se adoptaron.
También cuestiona que el informe incorpore propuestas sobre seguridad jurídica de los propietarios y posibles reformas de la Ley estatal de Vivienda, al considerar que esas valoraciones deben diferenciarse de los datos técnicos que determinan si se cumplen los requisitos legales para declarar una zona tensionada.
Dos diagnósticos enfrentados
El informe del Colegio de Economistas concluye que Las Palmas de Gran Canaria no cumple los criterios legales para obtener esta declaración cuando se utilizan los datos oficiales del Ministerio de Vivienda y del Consejo General del Notariado.
El diagnóstico municipal elaborado en 2025, con participación de investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, llega a una conclusión diferente. Según la documentación aportada por el Ayuntamiento, el esfuerzo económico de los hogares alcanza el 30,70% de los ingresos en el caso de la hipoteca y el 30,97% en el alquiler.
El expediente del Gobierno de Canarias recoge que parte de la discrepancia entre ambos trabajos procede de las fuentes utilizadas: el Ayuntamiento recurrió a precios ofertados en portales inmobiliarios, mientras que el estudio del COELPA se apoyó en datos del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler y en información del Consejo General del Notariado.
Los colectivos reclaman que el Gobierno de Canarias revise las objeciones planteadas, aclare las diferencias estadísticas y fundamente su resolución en cálculos transparentes y verificables. Su objetivo es que, si se acreditan los requisitos de la Ley estatal de Vivienda, se declare zona de mercado residencial tensionado todo el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.
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