El Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria (Plaza nº 2 del Tribunal de Instancia) ha acordado la transformación de las diligencias previas en procedimiento de sumario ordinario en la pieza separada número 5 del caso Valka, centrada en el servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
El auto dictado por el magistrado Rafael Passaro le da un impulso procesal decisivo a la causa, tras constatar que los hechos investigados desbordan los límites del procedimiento abreviado y requieren su transformación en sumario por la gravedad de las penas. Llegado el caso, será la Audiencia de Las Palmas el tribunal encargado de celebrar el juicio oral.
La resolución judicial se fundamenta en los informes periciales e inspecciones de la documentación administrativa, contable y bancaria recabada durante la instrucción. Dichas pruebas revelan un desfase importante entre el suministro de agua de riego efectuado y el facturado, generando un sobrecoste y perjuicio para el erario público municipal estimado en más de 1.100.000 euros.
Al superar con creces el umbral económico de los 250.000 euros, la causa encaja en la modalidad agravada del delito continuado de malversación de caudales públicos (artículos 432.1 y 2, párrafo segundo, y 74 del Código Penal), cuya pena de cárcel alcanza hasta los 12 años de prisión e inhabilitación absoluta.
Delitos e investigados
Conforme a la parte dispositiva del auto, las actuaciones se tramitarán a partir de ahora como el sumario ordinario número 1965/2026. El juez instructor aprecia la concurrencia indiciaria de una pluralidad de delitos: malversación continuada de caudales públicos agravada, falsedad en documento público (art. 390.1.2º y 392 CP), prevaricación administrativa (art. 404 CP), fraude a la administración (art. 436 CP), cohecho (arts. 424.1 y 419 CP) y blanqueo de capitales (art. 301.1, párrafo segundo, CP).
Entre las personas físicas y jurídicas investigadas en el procedimiento figuran el empresario Felipe Guerra y su mercantil Guerra Patrimonial FGG SL, el exjefe técnico Miguel Ángel Padrón Hernández, el técnico Sergio González Cubas y la exconcejala del área Inmaculada Medina Montenegro. Como parte perjudicada está personado el propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Las consecuencias del sumario
La aplicación del artículo 760.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a abandonar el procedimiento abreviado para reforzar las garantías de la investigación, pues la causa se adentra en el cauce reservado para los delitos de mayor gravedad dentro del ordenamiento penal.
Todas las diligencias practicadas hasta la fecha mantienen su validez sin necesidad de retrotraer actuaciones. Tras la práctica de los medios de prueba que estén en marcha, el siguiente paso será dictar auto de procesamiento, antesala para concretar de manera definitiva las acusaciones y los escritos de defensa.
Dada la gravedad de las penas en juego (de 8 a 12 años de cárcel solo por el tipo de malversación agravada), la vista oral no se celebrará ante un Juzgado de lo Penal, sino ante un tribunal colegiado de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
El auto del magistrado Rafael Passaro ya ha sido notificado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, otorgándoles un plazo de tres días para la eventual interposición de recurso de reforma antes de encarar el tramo final de la fase de instrucción.
Contexto
A lo largo de la instrucción, las defensas han tratado de justificar que los elevados consumos están motivados por el mal estado de la red, las fugas de agua y el uso de cubas para el servicio de limpieza, entre otros argumentos, pero la Fiscalía Anticorrupción se apoya en informes técnicos y las declaraciones de los propios empleados municipales para descartar esa versión, concluyendo que las roturas en las conducciones no pueden generar el volumen de facturación presentado y cobrado.
En líneas generales, juez y fiscal investigan un supuesto fraude sistemático entre los años 2015 y 2022 en agua suministrada para los parques y jardines de la capital grancanaria. Consideran que la adjudicataria ha sobrefacturado más del 70% en el sistema de riego, con consumos al margen de las lecturas de los contadores, las cuales eran alteradas o ignoradas deliberadamente para visar facturas con sobrecostes desorbitados y desviar fondos públicos.
Actuaciones más relevantes
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha respaldado la investigación y el juez ha acordado medidas cautelares relevantes, como la retirada de pasaporte y prohibición de salir de España para los principales imputados, además del embargo preventivo de cerca de un millón de euros para afrontar las posibles consecuencias penales del juicio.
El juzgado también investiga operaciones financieras dudosas entre los implicados, entre ellas un préstamo de 400.000 euros hacia el antiguo responsable de Parques y Jardines que es considerado una "ficción jurídica" para encubrir comisiones o sobornos.
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