El Juzgado de Instrucción número 1 de la capital grancanaria ha celebrado una vista para dar por concluida la instrucción del caso de la vicerrectora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que alquiló varios pisos suyos y de familiares a profesores vinculados al Instituto Confucio de la Universidad de Chanchung, en China.
La Fiscalía de Las Palmas acusa a María del Rosario Berriel de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y abuso en el ejercicio de sus funciones, delito por el que reclama un año de prisión y una multa de 8.100 euros.
Jubilada
El ministerio fiscal también reclama cuatro años de inhabilitación para ejercer empleo o cargos públicos, aunque la vicerrectora ya está jubilada.
La investigación judicial se inició a finales de 2018, tras una denuncia de la Fiscalía por malversación de caudales públicos, y los hechos se remontan a 2015, año en el que Berriel era vicerrectora de Relacionales Internacionales e Institucionales.
Retraso
La causa se ha retrasado por la intensa actividad defensiva desplegada por la acusada para demostrar su inocencia, así como por los cambios en la calificación jurídica de los hechos.
El asunto irá finalmente a juicio por negociaciones prohibidas y no por malversación, mediante el sistema del jurado popular, según explican las fuentes consultadas y se desprende del escrito de acusación.
China
La ULPGC firmó en enero de 2010 un acuerdo con la Universidad de Chanchung para reforzar la cooperación educativa con China y promover el aprendizaje de su idioma a través del Instituto Confucio, una organización no lucrativa que suele asentarse en instituciones educativas para enseñar la cultura del país asiático.
Once meses después, a finales de 2010, se creó el Consejo Asesor del Instituto Confucio en Las Palmas de Gran Canaria, del que Berriel formaba parte como vicepresidenta. La ULPGC, entre otras obligaciones, tiene que buscar y asignar alojamiento a los profesores chinos.
Ahí es donde encaja la supuesta actividad delictiva de la vicerrectora, que, en calidad de vicepresidenta del Instituto Confucio, tenía la "autorización y la supervisión final de los gastos" derivados de la actividad educativa, entre los cuales destacan los arrendamientos de las viviendas del profesorado.
Cinco pisos
En ese contexto, el marido de Berriel formalizó tres contratos con el el Instituto Confucio para alquilar cuatro inmuebles: tres en Las Palmas de Gran Canaria y uno en Puerto del Rosario, Fuerteventura.
Ambos eran copropietarios de las viviendas, pues el matrimonio comparte sociedad de gananciales, autorizando Berriel los pagos pese a esa relación y el cargo que ocupaba en la ULPGC, explica el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales.
Lo mismo ocurrió con otro piso que es propiedad de la hermana de la vicerrectora, que se "aprovechó" de su posición para formalizar esos acuerdos y faltó al "transparente ejercicio de la función pública y la probidad que le es exigible", concluye la Fiscalía en su interpretación jurídica de los hechos.