Las Palmas de Gran Canaria está a un nuevo paso de conocer si podrá ser declarada zona de mercado residencial tensionado. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Canarias tiene previsto sacar durante este mes de octubre a exposición pública el expediente solicitado por el Ayuntamiento capitalino, según han confirmado fuentes del departamento autonómico.
El trámite supone avanzar en un procedimiento que comenzó hace más de dos años y que ha estado marcado por el intercambio de documentación entre ambas administraciones y por el debate sobre la situación del mercado residencial de la capital.
Un expediente de más de dos años
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicitó en mayo de 2024 al Gobierno de Canarias que todo el municipio fuese declarado zona residencial tensionada, una competencia que corresponde al Ejecutivo autonómico.
En enero de 2025, el Consistorio remitió documentación técnica complementaria elaborada con la colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para justificar su petición. Posteriormente, en noviembre de 2025, volvió a reclamar la declaración.
El procedimiento se reactivó en febrero de este año, cuando la Consejería solicitó información adicional al Ayuntamiento. El Consistorio incorporó nuevos datos al expediente y el Gobierno canario ha completado ahora el análisis que permitirá abrir el periodo de información pública.
El alquiler supera el 30%
Los datos aportados por el Ayuntamiento dibujan un mercado residencial sometido a una fuerte presión. Según la documentación municipal, el esfuerzo medio de los hogares para pagar el alquiler alcanza el 30,97% de la renta familiar, por encima del umbral del 30% utilizado por la normativa para identificar situaciones de tensión residencial.
El análisis añade que el 77% de la población de Las Palmas de Gran Canaria vive en distritos donde existe sobreesfuerzo económico para acceder a una vivienda. A esto se suma que el precio del alquiler aumentó un 29,4% entre 2019 y 2024, mientras que el IPC de Canarias creció un 19,69%.
La compraventa también ha encarecido el acceso a la vivienda. El estudio municipal situó el valor medio en 2.115 euros por metro cuadrado en 2023, frente a los 1.697 euros de 2021, con un esfuerzo hipotecario que se situaba alrededor del 30,7% de los ingresos familiares.
Casi ningún barrio es asequible
La presión sobre el alquiler también ha sido analizada por investigadores de la ULPGC. Un estudio sobre el área metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria concluyó que menos del 1% de las zonas podía considerarse asequible para una persona con el salario mínimo y que, al actualizar los precios hasta 2025, ya no quedaba ninguna sección censal de vivienda colectiva que cumpliera ese criterio.
El problema es especialmente acusado en las zonas más demandadas. En algunos barrios, el alquiler puede representar más del 75% del salario mínimo y, en los casos más extremos analizados por los investigadores, superar el 100%.
Una ciudad bajo presión
La falta de vivienda asequible ha adquirido además una dimensión social y política en la capital. El Ayuntamiento aprobó en febrero un paquete de diez medidas para intentar hacer frente a la emergencia habitacional, entre ellas la compra de edificios para destinarlos al alquiler, el uso de Geursa como gestor de alquiler asequible y el aumento del suelo disponible para vivienda protegida.
El Consistorio calculó entonces que más de un 40% de la ciudadanía consideraba la vivienda como uno de los principales problemas de la ciudad y volvió a reclamar al Gobierno de Canarias la declaración de zona tensionada.
La presión también se ha trasladado a la calle. Esta semana, decenas de personas mantienen una acampada por la vivienda en la Plaza de La Feria, donde el colectivo Derecho al Techo reclama medidas frente al encarecimiento de los alquileres y exige, entre otras cuestiones, la declaración de zonas tensionadas.
Exposición pública en octubre
El siguiente paso será ahora la exposición pública del expediente durante al menos 20 días, de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa canaria. Durante ese periodo podrá consultarse la documentación que sustenta la memoria justificativa y la solicitud, además del plan específico de medidas planteado.
Una vez finalizado el periodo de alegaciones, el Gobierno de Canarias tendrá que analizar las aportaciones recibidas y solicitar un informe al Ayuntamiento antes de adoptar una decisión definitiva.
La apertura de este trámite no implica todavía que Las Palmas de Gran Canaria vaya a ser declarada zona tensionada. La decisión corresponderá al Ejecutivo autonómico una vez completadas todas las fases del procedimiento.
Un debate que sigue abierto
La tramitación llega después de meses de posiciones enfrentadas sobre la utilidad de esta herramienta. La alcaldesa, Carolina Darias, ha defendido que la capital cumple los requisitos y ha reclamado reiteradamente al Gobierno autonómico que avance con el expediente.
Por su parte, el presidente canario, Fernando Clavijo, afirmó en junio que el Gobierno aceptará la declaración si se cumplen los requisitos legales, aunque sostuvo que la medida "no va a servir de nada" para resolver por sí sola el problema de la vivienda y defendió aumentar la oferta residencial.
Ahora, con la exposición pública prevista para octubre, el expediente entra en una fase decisiva después de más de dos años desde la solicitud inicial.
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