El abogado Lino Chaparro asume la defensa de Quintino Modesto Díaz Quintana en la pieza separada número 4 del caso Valka. Se trata del empleado de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa) de la capital grancanaria al que la Guardia Civil sitúa en el epicentro logístico de la supuesta trama para acceder de forma clandestina a los servidores municipales y extraer información reservada de los proyectos de la ciudad, según el último informe incorporado a la investigación.
Con la designación del nuevo letrado ya formalizada, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Passaro, ultima los flecos para interrogar al técnico en calidad de investigado.
¿Una estrategia diferente?
La comparecencia tendrá lugar tras el paréntesis estival, concretamente durante la semana del 15 de septiembre, y es muy posible que Quintino Díaz opte por declarar ante el juez y el fiscal, rompiendo así el silencio que han mantenido otros implicados, con el firme objetivo de explicar los hechos y desmarcarse por completo de cualquier red delictiva.
Habrá que esperar a la estrategia que finalmente marque la defensa, pero si opta por hablar sería el primero en contradecir o aclarar los indicios de la Guardia Civil, pues nadie en la empresa pública ha dado la cara hasta el momento en los interrogatorios, entre ellos la anterior gerente, Marina Mas, o el excoordinador municipal de Urbanismo, José Manuel Setién.
Sí dio explicaciones la exconcejala socialista Inmaculada Medina, pero en la pieza separada de Parques y Jardines, que es donde está investigada, no en la trama de Geursa.
Llave digital tras la jubilación
El informe del Área de Delincuencia Patrimonial y Económica de la Guardia Civil es el que ha forzado la imputación de Díaz, adscrito a la Oficina Técnica de Edificación de Geursa.
Tras analizar los teléfonos y correos intervenidos a la cúpula de la entidad —el excoordinador de Urbanismo José Manuel Setién, la exgerente Marina Mas y el responsable jurídico Luis Pérez Cañón—, los agentes concluyen que Quintino no realizó una "mera asistencia técnica informal", sino que fue el coordinador logístico esencial para mantener el control del urbanismo capitalino en la sombra.
Lo que hay en su contra
El investigado tratará de desmentir su implicación en la supuesta confabulación, pero los indicios acumulados por la Policía Judicial detallan un despliegue de maniobras destinadas a que Setién se saltara los protocolos de seguridad tras su jubilación oficial el 10 de marzo de 2023.
La propia réplica del ordenador es una de las principales pruebas de cargo. Solo tres días después de su retiro, Pérez Cañón confirmó a Setién por WhatsApp que Quintino había "grabado lo que tenías en tu escritorio" y lo había "replicado en el ordenador que tienes arriba", garantizando su control remoto mediante una red VPN.
Además, en abril de 2023, los mensajes reflejan cómo Díaz daba instrucciones detalladas para volcar una copia de seguridad masiva: "Como la instalación son 50 gigas de información... ellos van, instalan el programa y ejecutan el programa que sería el volcado del backup", recoge otra de las comunicaciones destacadas por la Guardia Civil en su informe.
El empleado de Geursa llegó a coordinar el envío de técnicos a la vivienda de Setién en Tafira Alta para resolver caídas de red y, cuando los servidores municipales fallaban, le enviaba directamente por WhatsApp documentos protegidos como el archivo patrimonio-lp.pdf.
De San Francisco de Paula a Mesa y López
Los agentes sostienen que la infraestructura clandestina facilitada por el investigado fue indispensable para que el excoordinador de Urbanismo siguiera operando en favor de una "red de empresas" y "clientes predilectos". Entra esas actuaciones destaca el seguimiento remoto de una subasta oficial para adquirir suelo por 2,4 millones de euros, con el plan de segregar el terreno en 40 parcelas para obtener un beneficio bruto de 6 millones de euros.
También es reveladora la fiscalización desde el domicilio de Setién de expedientes vinculados al empresario Felipe Guerra, como la implantación de los supermercados Aldi y la gasolinera Plenoil en Tamaraceite, o la agilización de cobros al Ayuntamiento por valor de 41.963 euros, sin olvidar el edificio que se construye al final de Mesa y López, con el acceso a los servidores para extraer informes jurídicos de la mercantil Residencial Las Américas S.L. e instruir a terceros sobre cómo aprovechar los datos de las rasantes oficiales de la Plaza de América, al comienzo del barrio de Guanarteme.
Ante la gravedad de los hechos, que apuntan a presuntos delitos de revelación de secretos y tráfico de influencias, la declaración de septiembre con su nueva representación legal se perfila como un punto de inflexión para esclarecer hasta dónde llegaba la ramificación tecnológica del caso Valka.