El magistrado Tomás Luis Martín Rodríguez, titular del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, ha abierto un debate público sobre el equilibrio entre la inversión en grandes eventos y la atención a la infancia vulnerable en la ciudad, a raíz de un artículo de opinión en el que reflexiona sobre el presupuesto previsto para el Carnaval de 2026.

En su texto, el magistrado parte de una premisa clara: el Carnaval forma parte de la identidad de la capital grancanaria y constituye un motor cultural, económico y social. “Las ciudades se definen, entre otras características, por aquello que celebran. El Carnaval forma parte indiscutible de la identidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es tradición, economía, creatividad y expresión colectiva”, sostiene. 

Reflexión serena

Sin embargo, Martín considera que el volumen de recursos públicos destinados a la fiesta, que rondará los 6,5 millones de euros en 2026, merece una reflexión serena, especialmente en un contexto social marcado por la vulnerabilidad de parte de la población infantil en Canarias. 

El magistrado recuerda que el Archipiélago mantiene tasas elevadas de pobreza infantil y riesgo de exclusión social, una realidad que, subraya, no puede abordarse solo desde los indicadores estadísticos. “La pobreza no es una categoría abstracta. Es una realidad que multiplica riesgos y reduce márgenes de protección”, señala, al advertir de que cuando esta situación se prolonga durante la infancia “deja huellas difíciles de borrar”. 

Equilibrio de prioridades

Lejos de plantear una confrontación directa entre el Carnaval y las políticas sociales, Martín insiste en que el debate debe centrarse en la búsqueda de equilibrio en la gestión pública. En su opinión, gobernar una ciudad implica atender múltiples ámbitos, desde la cultura hasta la cohesión social o la protección de la infancia.

“El debate no debería formularse en términos maniqueos de ‘fiesta o políticas sociales’, sino en términos de equilibrio”, apunta, defendiendo que la inversión cultural puede y debe convivir con un compromiso firme con las familias en situación de exclusión. 

Expresión popular

En esa línea, propone reflexionar sobre una revisión progresiva y evaluada de las inversiones públicas destinadas a grandes eventos, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad y su integración en una visión de ciudad centrada en las personas.

El magistrado también recuerda que el Carnaval nació como una expresión popular impulsada por el talento local y la participación vecinal, un origen que, a su juicio, sigue siendo una de las principales fortalezas de la celebración.

Invertir mejor

Entre las propuestas que plantea en su reflexión, Martín menciona la necesidad de impulsar evaluaciones públicas periódicas del impacto de los grandes eventos y de vincular las celebraciones con iniciativas de apoyo comunitario.

“Toda decisión presupuestaria responde, en último término, a una determinada concepción de comunidad”, señala en el artículo, donde defiende que el verdadero reto no consiste tanto en gastar más o menos como en “invertir mejor” y fortalecer el tejido social de la ciudad. 

Tejido humano

En la parte final de su reflexión, el magistrado introduce una idea que resume el sentido de su planteamiento: el éxito de una ciudad no se mide solo por la intensidad de sus celebraciones, sino por la solidez de su tejido humano.

“El Carnaval es identidad. La infancia es destino”, concluye, recordando que mientras las fiestas regresan cada año, las oportunidades perdidas durante la infancia difícilmente pueden recuperarse.